Sólo 4 de cada 1.000 empresas españolas tienen un plan de pensiones privado para sus empleados

Los planes de empresa son una opción utilizada por poco más de 14.000 compañías en un universo de más de 3 millones

  • Entre los partícipes en este tipo de fondos de pensiones sólo un 4% son trabajadores de pymes
  • Las economías desarrolladas han tendido en los últimos años a involucrar al sector privado en las pensiones públicas
  • La patronal Inverco propone que un 4% de la base de cotización de los trabajadores se destine a un modelo de capitalización
Óscar Giménez
Bolsamania | 01 mar, 2017 07:00
ancianos

Las empresas no están involucradas en la pensión de sus trabajadores. Y las pequeñas y medianas, en un país de pymes, menos aún que el conjunto del sector privado. Un hecho que contrasta con la tendencia internacional de que las compañías participen en la construcción de las pensiones de los futuros jubilados, y que ocurre en un momento de punto de inflexión para el sistema público de pensiones por su difícil sostenibilidad y la inevitable pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Sólo 14.190 empresas han promovido planes de pensiones para sus trabajadores, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2015, que ha recopilado la patronal de gestoras de fondos de inversión y de pensiones, Inverco. Dentro de esta cifra, 12.803 compañías están adscritas a alguno de los 345 planes de promoción conjunta, que involucran a varias empresas, y el resto lo hace de forma individual para sus trabajadores.

El 11% de la población activa está en un plan de empresa, un porcentaje inferior a otros países del entorno

La cifra contrasta con un universo de 3,2 millones de empresas, según el directorio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, un 0,4% de las empresas españolas participa en la construcción de la pensión de sus empleados, con un volumen total de activos de apenas 35.000 millones de euros. Los trabajadores que están cubiertos por estos mecanismos de ahorro a través de estas compañías, en general de tamaño elevado, suponen el 11% de la población activa ocupada -entre ellos 700.000 funcionarios para los que desde 2012 no hay aportaciones a su plan de pensiones-, “porcentaje sensiblemente inferior al de países de nuestro entorno, donde la cifra de trabajadores cubiertos por planes de pensiones es muy superior”, afirma Inverco. La ratio se eleva hasta el 50% en Reino Unido o Irlanda, hasta el 90% en Suecia -aunque en este caso muchas aportaciones son en planes privados- y cerca del 100% en Suiza, explica el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. En unos casos por ley y en otros por la negociación de los convenios.

Los partícipes de planes de empresa en España tienen una edad media de 50 años, y sólo un tercio tiene menos de 45 años, teniendo en cuenta que por el impacto del interés compuesto en el ahorro cuanto antes se realicen las aportaciones más posibilidad hay de que crezcan. Además, otro dato facilitado por la asociación que resulta sorprendente es que en una economía en la que el 99% de compañías son pymes, entre los partícipes de planes de empresa sólo el 4% trabaja en una de tamaño pequeño o mediano.

LA PENSIÓN PÚBLICA YA NO ES SUFICIENTE

Hasta ahora la pensión pública ha sido suficiente para la mayoría de jubilados, mientras que los planes individuales -superan los 70.000 millones de euros en patrimonio- han servido para complementarla en el caso de las familias con mayor capacidad de ahorro y más previsoras.

Pero el panorama cambia desde este año. Con el repunte de la inflación los receptores de una pensión pública ya están perdiendo poder adquisitivo. Después de tres años de aumentos de su capacidad de compra, como defendió en febrero la ministra Fátima Báñez, los pensionistas van a perder todo lo ganado en cuatro meses de 2017. Y es sólo un adelanto para lo que les espera, ya que las proyecciones coinciden en apuntar que las pensiones estarán casi congeladas -con un crecimiento anual del 0,25%- al menos hasta 2065.

La tasa de sustitución -pensión respecto al último salario recibido- actual está en el 74% en la economía española, “una de las más altas del mundo”, explica Martínez-Aldama, razón por la que justifica en parte el menor desarrollo de los planes de pensiones, ya sean individuales o de empresa, además de que el ahorro de los hogares estuvo hasta la crisis centrado en la vivienda. No obstante, la tasa de sustitución tenderá a desplomarse hasta el 50% en 2050 y el 24% en 2075, según las estimaciones de Inverco.

Pero esta pérdida de dinero en términos reales no será suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, según un informe presentado este martes por la fundación de la patronal. El estudio estima que el Estado tendrá que emitir deuda pública para financiar la nómina de los pensionistas hasta inflar el endeudamiento en un 54% del PIB durante las próximas cuatro décadas.

“Las cifras son alarmantes”, aseguran en Inverco, a la vez que obligan a replantearse el sistema actual. Por ahora, se espera que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas entre abril y junio. En el estudio, la asociación pone encima de la mesa tres iniciativas: financiar con impuestos las pensiones que no sean propiamente de jubilación, cambiar el modelo hacia uno de cuentas nocionales para dotar de más transparencia y aportar un 4% de la base de cotización de cada trabajador a un mecanismo de capitalización.

Las dos primeras son medidas que habitualmente están en el debate. El propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social aseguró que estudiaba como hipótesis para aliviar el agujero de la Seguridad Social que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con los Presupuestos Generales del Estado. La segunda la recogió también un informe que ha publicado este año Fedea elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz: consiste en ampliar la vida laboral que se utiliza para el cálculo de la pensión y aumentar la transparencia sobre lo que percibirán los futuros jubilados, en línea con lo que se hace en Suecia, Polonia o Italia. En este sentido, Inverco reclama además que se remita información a los trabajadores sobre las cotizaciones que han acumulado con una estimación de la pensión a la que tendrían actualmente derecho, como ya están haciendo nueve países de la Unión Europea -entre ellos Alemania, Francia o Italia-.

IMITAR A OTROS PAÍSES

En muchos países de la Unión Europea conviven una base de pensión pública con mecanismos de capitalización

La tercera propuesta de Inverco es la mayor novedad frente a lo que ya se ha reclamado por parte de expertos y políticos, y consiste en que se aporte un 4% de la base de cotización de los empleados a una forma de ahorro de capitalización para ampliar su pensión, con un 2% por parte de la empresa y otro 2% del trabajador. Aunque la asociación no detalla cómo se podría gestionar ese dinero, la industria a la que representa probablemente se vería beneficiada. Lo que coincide, a la vez, con la dinámica que se ha seguido en las dos últimas décadas en otras economías desarrolladas para garantizar las pensiones.

Las recomendaciones internacionales para la etapa de retiro versan en torno al Código de Lovaina, que considera tres pilares: pensión pública, planes de empresa y ahorro voluntario individual. Inverco explica en su informe que España, a la vez que Italia, Grecia o Portugal, se ha quedado dependiendo (casi) en exclusiva de la primera pata, que tiende a debilitarse. En el Norte de Europa -Reino Unido, Holanda, Irlanda o Suecia- “la solidaridad se mantiene en la base, pero el régimen se orienta hacia una mayor capacidad de libre elección por parte de las personas”, ya que hay un sistema universal de prestaciones garantizado por el Estado y una parte de gestión privada basada en la capitalización.

Otras economías de la Eurozona también han evolucionado hacia este modelo, aunque de forma más liviana, como ocurre en Alemania y Francia, donde convive la pensión pública con mecanismos de gestión privada. Mientras que lejos del Viejo Continente, en Latinoamérica predomina el modelo de ahorro obligatorio en fondos de pensiones privados y, en Estados Unidos, el grueso de las pensiones depende del trabajador, con una base pública reducida.

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