La nueva Ley 2/2025: cómo afecta a los trabajadores con incapacidad permanente

Hasta ahora, era habitual que muchas empresas extinguieran la relación laboral de forma automática cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconocía una incapacidad. Sin embargo, la nueva norma obliga a valorar antes otras opciones.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Con esta ley, el legislador ha querido introducir un enfoque más inclusivo y respetuoso con los derechos laborales de las personas con discapacidad o limitaciones permanentes. A partir de ahora, la declaración de incapacidad permanente total ya no es motivo automático de despido. La empresa debe acreditar previamente que ha valorado la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o recolocar al trabajador en otro compatible con sus nuevas limitaciones.

Esta obligación refuerza lo previsto en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y en la Ley General de la Discapacidad, y supone un cambio importante en la práctica habitual de muchas compañías. Ya no basta con una carta de despido basada en el dictamen del INSS: la empresa debe justificar que no existen adaptaciones razonables que permitan la continuidad del trabajador.

Adaptación o extinción del contrato: qué opciones hay

En primer lugar, la empresa debe analizar si es viable adaptar el puesto de trabajo, por ejemplo, modificando tareas, horarios, herramientas o condiciones físicas del entorno laboral. Si esto no es posible, también se debe valorar si existe otro puesto disponible en la empresa que pueda asumir el trabajador con su nueva situación.

Solo si se demuestra que no hay alternativa viable, se podrá extinguir el contrato, y en ese caso se considerará despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Este nuevo procedimiento busca evitar situaciones de exclusión automática y fomentar el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida.

Un cambio con implicaciones prácticas y jurídicas

En la práctica, esta reforma plantea nuevos retos tanto para las empresas como para los trabajadores. En muchos casos, serán necesarias evaluaciones médicas específicas, informes técnicos sobre la viabilidad de la adaptación y una actuación diligente por parte de la empresa para evitar un despido nulo o improcedente.

Los profesionales del despacho de abogados Toro aconsejan actuar con rapidez si se recibe una carta de despido tras una resolución de incapacidad. En muchos casos, no se ha cumplido el nuevo procedimiento legal, y esto permite impugnar el despido con amplias posibilidades de éxito. Además, también puede abrirse la vía a solicitar una indemnización por daños y perjuicios si se acredita discriminación.

Claves para trabajadores: cómo proteger tus derechos

Si un trabajador ha sido declarado en situación de incapacidad permanente total o absoluta, debe tener claro que no puede ser despedido sin más. La empresa está obligada a justificar, con documentación fehaciente, que no hay opciones de continuidad laboral en condiciones dignas.

El plazo para impugnar el despido sigue siendo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al cese. Antes de presentar demanda, es necesario acudir al acto de conciliación (SMAC), y conviene recopilar toda la documentación médica y administrativa posible.

Contar con el respaldo de un despacho especializado en derecho laboral y Seguridad Social es clave en estos procedimientos. Muchas sentencias ya están aplicando esta nueva ley para dar la razón a trabajadores despedidos sin la debida justificación.

Una reforma necesaria en clave de derechos

La Ley 2/2025 supone un paso importante hacia una mayor protección del trabajador vulnerable. No elimina la posibilidad de extinguir el contrato, pero obliga a las empresas a demostrar que lo han intentado todo antes. Esto rompe con una inercia anterior que penalizaba automáticamente al trabajador enfermo, sin explorar medidas de inclusión.

A medio plazo, esta norma también puede contribuir a mejorar la cultura preventiva y a reforzar la imagen de responsabilidad social de las empresas.