Sector Eléctrico: El Gobierno podría excluir a los PPA de los recortes a las eléctricas (valoración)
El Consejo de Ministros aprobó el martes, a través de un decreto-ley, una serie de medidas para tratar de contener la subida del precio de la luz. Entre estas medidas se introduce un tope a lo que las empresas pueden cobrar en el mercado mayorista de luz, o pool, acotando el peso de la subida del gas, que se usa en las centrales eléctricas y que se ha disparado en las últimas semanas.
Este tope (20€/MWh del gas) es temporal hasta el 31 de marzo de 2022. El Gobierno podría ahora matizar esta medida para excluir a determinados proyectos de renovables de los recortes que se plantean en el decreto- ley.
El Gobierno podría excluir de esta medida a los contratos bilaterales o PPA, aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía.
Con la entrada en vigor del decreto-ley, muchas plantas en España se podrían ver abocadas a vender con pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma.
De confirmase esta matización, serían buenas noticias para el sector de renovables. Las instalaciones bajo PPAs tienen firmados contratos de compraventa de electricidad a largo plazo a precios mucho más bajos de los marcados actualmente por el pool. Por tanto, los PPA no se benefician de la subida del pool y aun así estarían sujetos a la norma.
Opinión de Bankinter:
Estas instalaciones están vendiendo la electricidad a un precio en el entorno de 45 /50 €/MWh, muy por debajo del precio del pool actual (166 €/MWh). Sin embargo, de aplicarse la norma, al precio actual del gas de 64MW/h -44€ por encima del tope de 20€ establecido por el Gobierno- estas instalaciones deberían devolver el equivalente a 58€/MWh del precio de electricidad por este exceso.
Es decir, no solo no se beneficiarían de la subida, sino que tendrían que incurrir en una pérdida de entre 8 o 13 €/MWh en la venta de electricidad.
En total, hay unos 5.000M€ en contratos de PPA en las renovables que, además, funcionan como garantía bancaria, con lo cual el problema también es financiero. El sector, sobre todo de renovables, debería de recibir positivamente estas noticias.
Al ser excluidos de la norma, los PPA se verían liberados de vender la electricidad con pérdidas o de tener que paralizar su producción durante la vigencia del decreto-ley.
Además, los PPA podrían seguir sirviendo de garantía bancaria y se facilitaría el desarrollo y financiación de nuevos proyectos. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria creada y la inseguridad jurídica podría seguir afectando negativamente y aumentar la volatilidad en el sector.