La comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) para las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) ha alcanzado un preacuerdo que, entre otras cuestiones, pasa obligatoriamente por que el Gobierno adquiera el compromiso de mantener el empleo en caso de que no exista un inversor para las plantas a 30 de junio de este año. Sin embargo, el Gobierno no garantiza poder mantener todos los empleos en las plantas de Alcoa desde el 1 de julio.
Según informan los comités de A Coruña y Avilés, "tras una larga y dura negociación por las partes", ha logrado alcanzarse este preacuerdo, "que obligatoriamente debe estar ratificado por dos pilares fundamentales", explican. Uno de ellos es que el Gobierno "debe adquirir un compromiso en cuanto al mantenimiento del 100% del empleo a fecha 1 de julio de 2019 en el caso de que no exista ningún inversor para las dos plantas que garanticen su funcionamiento más lejos del 30 de junio", señalan sobre el plazo fijado para encontrar este comprador.
Por otra parte, indican que "para este mantenimiento del empleo, Alcoa se ha comprometido a dotar una cantidad de 20 millones de euros para cada planta para la mejora de instalaciones de las series de electrólisis y posible rearranque de las mismas", señalan tras la propuesta de la empresa de proceder al cese de la actividad de las mismas de una manera ordenada.
Alcoa se ha comprometido a dotar una cantidad de 20 millones de euros para cada planta para la mejora de instalaciones
De esta forma, según avanzó en su momento la multinacional tras realizar esta propuesta en las reuniones de la comisión negociadora -tras el anuncio de cierre de ambas plantas-, sería posible el "rearranque" de las cubas. Eso sí, si finalmente, antes del 30 de junio, fecha fijada por la multinacional para el cierre de las fábricas, se encuentra un comprador. Hasta esa fecha, se mantendría la actividad de la parte de la fundición en ambas fábricas y de la torre de pasta, en A Coruña.
Los trabajadores de ambas plantas -369 en la de A Coruña y 317 en la de Avilés (Asturias)- deben ratificar también en asamblea el citado preacuerdo.
EL PREACUERDO OFRECE SOLUCIÓN A 355 EMPLEADOS
Alcoa ha afirmado que el preacuerdo alcanzado con los sindicatos contempla un conjunto de medidas que ofrecen soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de un total de 623 trabajadores indefinidos, más del 50% de la plantilla de las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña.
Según la compañía, y a petición de los representantes de los trabajadores, se ampliará el periodo de consultas, por un espacio que duplica el máximo legalmente establecido: de 30 a 75 días, la configuración de una propuesta que brinda soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados y el "firme" compromiso de posibilitar la opción de que cristalice en el plazo de seis meses una oferta de compra u opción de reindustrialización.
El preacuerdo contempla además recolocaciones vinculadas a un plan de bajas incentivadas
El preacuerdo contempla además recolocaciones vinculadas a un plan de bajas incentivadas en las plantas de alúmina y de aluminio de San Ciprián condicionado a que los representantes de los trabajadores de dicha planta acepten dicho plan.
Podrán adherirse los trabajadores de 57 años o más al 31 de diciembre de 2018, con un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, alcance los porcentajes siguientes: de 57 a 59 años, el 74% del salario anual bruto hasta los 64 años, y de 60 hasta 65 años, el 78% salario anual bruto hasta los 65 años.
Estas bajas incentivadas generarían vacantes para empleados de Avilés y Coruña en los mismos grupos funcionales, que se distribuirían de forma equitativa entre las dos plantas. Potencialmente podrían recolocarse hasta 106 empleados, según ha explicado la compañía. Los empleados con mayor antigüedad y no prejubilables tendrán preferencia en las recolocaciones. Como compensación por traslado de residencia, se ofrece una compensación de 10.000 euros por trabajador.
El personal no incluido en las medidas anteriores percibirá una compensación por la extinción de su relación laboral consistente en una indemnización bruta de 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades más una aportación de 10.000 euros brutos.
EL GOBIERNO NO GARANTIZA PODER MANTENER TODOS LOS EMPLEOS
El Gobierno se ha comprometido a "trabajar" para que "todos los afectados" por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el preacuerdo alcanzado 'in extremis' entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.
En una rueda de prensa, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías "no forma parte del preacuerdo" y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para "recolocar a todos los efectivos que están en peligro".
Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de "un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo que va a someterse a las partes". "Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con seis meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas", añadió al respecto.
El preacuerdo cubre durante seis meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de la solución propuesta por la compañía
Así, el preacuerdo cubre durante estos seis meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en en un proceso de formación profesional,financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, "van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad", dijo la secretaria de Estado de Empleo.
Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró "muy positivamente" el preacuerdo alcanzado a última hora de la madrugada entre la empresa y los trabajadores y consideró que "era impensable hace unas semanas y mejora mucho la situación que se tenía".
Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al "máximo" el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que "va ayudar mucho", y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor para las plantas.
LOS SINDICATOS LAMENTAN LA FALTA DE "UN MENSAJE MÁS CONTUNDENTE"
Mientras, los sindicatos valoraron también "positivamente" el preacuerdo con la empresa, "dentro del abismo en que se estaba", y mostraron su disposición a defenderlo para que sea ratificado por los trabajadores de las plantas, ya que supone "ganar tiempo" para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos.
No obstante, lamentaron que no existiera un "mensaje más contundente" por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a día 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, dijo el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.
"El Gobierno nos ha dicho que va a estar detrás de nosotros, que va a apoyar, pero no tenemos un compromiso tangible por parte del Gobierno que certifique que puedan seguir trabajando todos los trabajadores a partir del 1 de julio. Se puede estar con un mensaje mucho mas fuerte y vamos a esperar a ver qué dicen", añadió.
Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró "positivo" el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir "a la mitad de tiempo" el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz el pasado mes de diciembre en un real decreto ley del Gobierno y se estima que este en marcha en seis meses. "Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación", añadió.
