La sentencia es contundente. Un juez ha anulado la venta de cerca de 3.000 viviendas públicas a la gestora inmobiliaria, Azora, según informa 'Cadena Ser'. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 ha decidido estimar la demanda que presentó una vecina de Navalcarnero, tumbando el acuerdo alcanzado en 2013 con el gobierno regional madrileño por 200 millones de euros.
La sentencia es el resultado de la demanda interpuesta por una mujer, que accedió en 2007 a residir en una vivienda de protección oficial del Ivima en la localidad de Navalcarnero, tentada por la reducción del 90% del alquiler.
El fondo de Goldman Sachs llegó a un acuerdo con el gobierno regional madrileño en 2013
No obstante, las condiciones no tardaron en empeorar tras su venta en 2013, por parte del gobierno regional, a Azora Gestiones.
La sentencia del magistrado es todavía recurrible. En ella, cuestiona la hoja de ruta del gobierno madrileño "sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal".
Concretamente, el magistrado pone el foco de atención en la enajenación llevada a cabo por el ejecutivo de Ignacio González en 2013, con la declaración de innecesariedad de las 32 promociones de vivienda pública buscando así allanar la venta.
UNA SALIDA A BOLSA ACCIDENTADA
La gestora inmobiliaria Azora anunció el 11 de mayo que retrasaba su debut bursátil, por las “incertidumbres” sobre la opa de Blackstone sobre Hispania. Unas incertidumbres que, no obstante, ya había contemplado en su folleto de salida a bolsa.
En concreto, Azora, que actualmente se encarga de la gestión de la socimi, alega que pospone su salida a bolsa por el “potencial impacto en el plan de negocio previsto para Azora y, por tanto, en el proceso de colocación” del futuro de Hispania.
Ese “potencial impacto” se refiere a si la compañía seguiría gestionando Hispania en caso de triunfar la opa de Blackstone. Pero la propia Azora, en su folleto de Oferta Pública de Suscripción (OPS), ya el pasado 25 de abril, contemplaba el supuesto de que el contrato terminase de forma anticipada.
