• Será la tercera subasta renovable después del parón que ha sufrido el sector
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Aerogeneradores de energía.EUROPA PRESS

La próxima subasta de renovables, que pondrá en juego otros 3.000 megavatios (MW) 'verdes', se celebrará el próximo 18 de julio, según consta en una resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la que ha tenido acceso Europa Press.

La CNMC ha enviado el documento a su consejo consultivo, formado por distintos agentes del sector, que tendrá un plazo de trámite de audiencia de cinco días para realizar sus observaciones. El regulador, posteriormente, deberá remitir a Energía su informe con carácter urgente.

El pasado 25 de mayo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el lanzamiento de esta nueva subasta 'verde', la tercera tras la del año pasado en la que se adjudicaron 700 MW (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa) y la reciente por 3.000 MW, en la que podrán participar instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva, de tal manera que resulten adjudicadas aquellas más eficientes en costes.

A este respecto, el borrador del real decreto para esta nueva subasta consideraba que, a la vista del resultado de la anterior subasta, la eólica y la fotovoltaica demostraron una mayor capacidad para competir con las tecnologías convencionales en el mercado, "y ello no sólo en precio, sino también por razón de alto volumen de potencia ofertada".

Asimismo, subrayaba que se advertía, en función de las ofertas presentadas, que existe un importante volumen de potencia eólica y fotovoltaica que, "no habiendo llegada a ser adjudicataria, es susceptible de ponerse en funcionamiento con el aseguramiento de un marco retributivo que otorga un nivel de protección mínimo, pero suficiente para facilitar la financiación de los proyectos".

Para esta nueva adjudicación de potencia renovable se mantendrán los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del real decreto elaborados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de este mes ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria.

El pasado 17 de mayo, el Gobierno ya adjudicó otros 3.000 MW de potencia 'verde', de los cuales 2.979 MW, el 99,3% del total fue a parar a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20MW al resto de tecnologías, el 0,66%.

En esta subasta, las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado, en el escenario de precios medios de referencia.

FORESTALIA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA Y GAMESA, LOS VENCEDORES

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial 'verde' de Endesa, y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 MW. Forestalia volvió a dar la sorpresa, como ocurrió ya en la subasta del año pasado, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200 megavatios (MW), el 40% del total.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se adjudicó 667 MW, mientras que Enel Green Power España se hizo con una partida de 540 MW y Siemens Gamesa con 206 MW.

Otros grupos más pequeños, como Norvento, que ganó 128 MW, y el grupo aragonés Brial, que se hizo con 237 MW, completaron prácticamente el total de los 3.000 MW renovables lanzados.

Esta nueva potencia renovable que se subastó deberá estar en funcionamiento antes de 2020. Para ello, se han introducido mecanismos y avales para garantizar que se lleven a cabo los proyectos adjudicados.

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