Rivada Networks se dice lista para enfrentar en tribunales de Estados Unidos a la SCT

Rivada Networks así como su director general, Declan Ganley, manifestaron “su entera disposición para enfrentar la demanda por difamación emprendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un proceso que la firma considera un ‘hecho histórico y sin precedentes’ en las cortes norteamericanas”.

“El hecho de que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación, constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de Asociación Público Privada por los riesgos que ello implica”, precisó Rivada a través de un comunicado.

Esto luego de que la SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, reveló recientemente que emprendería una demanda en contra del consorcio descalificado del concurso de la Red Compartida por las acusaciones en las que afirma que la dependencia federal favoreció al consorcio Altán para serle adjudicado el proyecto, hasta ahora el más ambicioso en materia de telecomunicaciones de la administración.

En el documento, Rivada Networks “defiende la veracidad de los argumentos presentados, al asegurar que se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un Juez”.

En ese sentido, Rivada señaló que “mantendrá las distintas acciones legales reveladas con anterioridad con el propósito de salvaguardar los derechos del mismo”.

Y también reiteró su cuestionamiento sobre la veracidad de la licitación de la red la cual, asegura, “resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país”.

“El hecho de que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación, constituye un acto de censura"

Agregó: “por ello, Rivada Networks, da la bienvenida a las acciones que emprenda la SCT, ya que estamos convencidos de que éstos, auxiliarán en el esclarecimiento de los hechos y le darán la razón a Rivada”, precisó en el comunicado.

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JUEZ ACEPTA AMPARO DE RIVADA

Por otra parte en México, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, admitió la demanda de amparo interpuesta por Consorcio Rivada en contra del fallo de la licitación de la Red Compartida.

Según informó El Economista, “el próximo 12 de enero del 2017 se llevará a cabo la realización de la audiencia constitucional; 11 días antes del 27 de enero, fecha máxima para la firma del contrato de Asociación Pública-Privada entre el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel) y Altán, consorcio ganador de la licitación para desplegar y operar la Red Compartida”.

Juez admitió la demanda de amparo interpuesta por Consorcio Rivada

Rivada informó que la jueza otorgó a Rivada Networks “la suspensión provisional para que la SCT conserve bajo resguardo, en sobre cerrado, la propuesta presentada por el Consorcio durante el concurso, y estableció el 22 de diciembre como fecha para la celebración de la audiencia incidental”.

Ante esto, las autoridades responsables deberán rendir un informe antes de la fecha señalada para la audiencia incidental. Con base en ello, la jueza habrá de resolver sobre el asunto, señaló El Economista.

“A la luz de la admisión de la demanda interpuesta en contra del fallo del concurso del proyecto de la Red Compartida, Consorcio Rivada confía en que la SCT se abstenga de firmar el contrato de Asociación Público-Privada (APP), antes de la celebración de la audiencia constitucional”, dijo Rivada.

En su lucha por revertir la decisión de la SCT de otorgar a Altán el proyecto de la Red Compartida, Rivada también informó en su momento que el “Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito había decido aplazar indefinidamente la resolución del Conflicto Competencial”.

Atribuyó la decisión del tribunal a que la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión (DGPTR) de la SCT presentó una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rivada acusó que la medida tenía el propósito de retrasar la revisión de la reclamación del grupo “para dar tiempo a la SCT de firmar el contrato de APP con Altán y con ello, consumar la ilegalidad de sus actos, cristalizando el daño tanto a la población como a Consorcio Rivada”.

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