México.- AI pide investigar el uso de la fuerza en un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en México

"El Gobierno de México debería revisar la nueva ley sobre el uso de la fuerza para garantizar que sea compatible con los Derechos Humanos y no permita el uso excesivo de la fuerza ni aliente otras violaciones de los Derechos Humanos", ha indicado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Según la versión del Gobierno, el martes por la tarde unos soldados respondieron a una agresión con armas de fuego de civiles armados que viajaban en un convoy mientras patrullaban una estrecha calle de la comunidad rural de Tepochica, en el estado sureño de Guerrero, uno de los más violentos del país.

"El militar fallecido se desempeñaba como tirador y elemento de seguridad del primer vehículo y su función principal era proteger a sus compañeros de armas y permitir que adoptaran un dispositivo de seguridad, poniendo de manifiesto con este hecho su valor y lealtad institucional", explicó la Secretaría de Defensa (Sedena) en un comunicado.

Sedena agregó que la actuación del militar en cuestión evitó más bajas entre sus compañeros. Además de los muertos, en el lugar quedaron 19 armas, una granada de mano, equipo táctico y tres vehículos que habían sido denunciados como robados. Además, un grupo "indeterminado" huyó a pie del lugar.

No obstante, Sedena no precisó si durante el enfrenamiento los otros militares también dispararon. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que mientras el oficial fallecido estaba herido, disparaba su ametralladora y le quitó "la vida a los agresores".

López Obrador, que ha prometido combatir la rampante violencia del país sin disparar ni una sola bala y con una nueva estrategia, ha dejado abierta la posibilidad de que se investigue si en el suceso hubo ejecuciones y tiros de gracia.

Un día después de los hechos, ciudadanos de Tepochica prefirieron no hablar de lo ocurrido por el temor a ser víctimas de represalias. Fuera de la morgue de Iguala, donde fueron trasladados los cuerpos de los fallecidos, sus familiares se lamentaron pero también permanecieron en silencio.

En este contexto, varios expertos consultados por Reuters han concluido que la diferencia entre el saldo de muertos entre ambas partes no es "normal" para los índices de letalidad internacionalmente aceptados. Según estos, si el número de presuntos criminales muertos supera por mucho al de heridos se abre la posibilidad de que se haya incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA "CLARO"

"No se necesita ser perito para ver que, según la posición de los cadáveres, se puede dudar de que esto fue un enfrentamiento. Muchos incluso no tenían armas en las fotografías que circularon por las redes", ha especificado el coordinador del Programa de Seguridad Nacional e Inteligencia de la Universidad IBERO, Erubiel Tirado.

"Que haya un solo militar muerto es algo que se tiene que dilucidar para determinar que hubo un uso excesivo de la fuerza", ha agregado Tirado, que ha valorado que, a su juicio, "tendría que participar en esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (de México) y el Alto Comisionado de la ONU". "Hay un uso excesivo de la fuerza claro", ha subrayado.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha confirmado a Reuters que han comenzado a recabar datos sobre el incidente ante las dudas sobre lo sucedido.

Asimismo, organismos de Derechos Humanos en México han recordado que es "difícil" investigar a militares cuando son señalados como presuntos implicados en delitos, tal y como ocurrió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala.

No es la primera vez que militares mexicanos son acusados de usar la fuerza de forma excesiva. En 2014, siete soldados fueron señalados por supuestamente haber ejecutado extrajudicialmente a 22 personas en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, pero dos años después quedaron en libertad.

Pero un tribunal ordenó el miércoles su arresto de nuevo al encontrar elementos para concluir que sí cometieron ejecuciones extrajudiciales y que autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios, entre otros indicios.

Sedena dijo entonces que las muertes fueron resultado de un choque entre delincuentes y militares. No obstante, investigaciones periodísticas y el testimonio de una superviviente revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estos fallecimientos se debió a ejecuciones cuando los civiles ya se habían rendido y que la escena de crimen se alteró para encubrir a los responsables.