Economía.- El Gobierno se une al Banco de España, a la CNMV y al Frob para defenderse ante Antonio Del Valle por Popular

El grupo inversor mexicano presentó en agosto del año pasado dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

El MIG está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital del banco resuelto, por valor de unos 470 millones de euros, que buscan compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión.

Diez meses después de que se presentara la solicitud de arbitraje, España ha firmado este convenio con el "fin de facilitar la función de representación y defensa del Reino de España en los arbitrajes", según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Del Valle presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial del que forma parte México, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones y culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".

"Por su conducta, España negó a los inversores un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan a sus inversiones y contra la expropiación ilegal", ha señalado el socio de la firma que representa al grupo inversor mexicano, Kirkland & Ellis, Javier Rubinstein.

A su juicio, el Gobierno español tomó medidas activas que dañaron la situación financiera de Popular antes de su resolución y que "provocaron el pánico" de los depositarios, como la "retirada de miles de millones de euros de la entidad" a través de entidades y divisiones del Ejecutivo, el "daño a la reputación" de Popular y consecuente agravamiento de la retirada de depósitos por sus declaraciones públicas y la negativa a proporcionar liquidez de emergencia al banco.

Del Valle y el resto de inversores aseguran que España ignoró soluciones alternativas existentes propuestas por la iniciativa privada que hubieran evitado la resolución, incluyendo el compromiso de inversores institucionales y hasta del propio grupo mexicano para inyectar capital en Popular o la venta de algunos activos para reforzar su posición de liquidez.

SUBASTA DE VENTA EN CONDICIONES INADECUADAS

Por otro lado, asegura que la subasta puesta en marcha por el Gobierno y el Frob para determinar el comprador de Popular se inició en unas condiciones inadecuadas, ya que "solo se invitó a ofertar a un puñado de bancos españoles", proporcionando "información inadecuada y tiempo insuficiente para las partes interesadas", dejando "previsiblemente" a Santander como el único ofertante y ganador menos de 24 horas después.

El propio Frob sugirió un euro como la oferta inicial mínima para Popular, que Santander "rápidamente" ofreció, un precio que se sitúa "muy por debajo del valor justo de mercado", propiciando una venta "bajo condiciones muy similares a las que el consejo de administración de Santander había aprobado semanas antes de la resolución", indica el grupo inversor mexicano.