A Pedro Sánchez se le acaban las opciones para conseguir que Europa pague el incremento del gasto público por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Tras la negativa a los eurobonos o coronabonos y a concedernos subvenciones a fondo perdido, ayer el Tribunal Constitucional alemán consideró parcialmente ilegal la compra de deuda pública por el BCE y dejó en el aire las adquisiciones masivas de bonos españoles que han mantenido bajo control nuestra prima de riesgo. Ante esta panorama, la única salida es un nuevo rescate, y muchos consideran que las previsiones enviadas a Bruselas son la forma de pedirlo. Eso sí, que nadie piense que va a ser sin condiciones.
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Las acusaciones de insolidaridad hacia los países del Norte y las advertencias a la UE de que se juega su futuro han sido la reacción generalizada en España. Pero allí lo ven de forma muy distinta. Aparta de los prejuicios históricos -vagos, irresponsables, manirrotos, fiesteros, poco serios...-, que sin duda influyen, los Gobiernos del Norte no pueden vender a sus electores que van a subir los impuestos, o a reducir el gasto en el país, o a elevar su deuda, o a provocar un alza de la inflación para regalar dinero a España o Italia. Sería un suicidio electoral.
A su juicio, España e Italia deberían haber construido un colchón en los años de recuperación para poder hacer frente ahora a los gastos extraordinarios sin tener que mendigar otra vez dinero a la UE. Como dice el profesor Marcel Jensen, "ver a España pedir dinero es frustrante". Esa férrea oposición de sus ciudadanos quedó clara en el famoso vídeo del operario que pedía no dar dinero a España e Italia al primer ministro holandés, y éste le contestaba con el pulgar hacia arriba.
O en la argumentación del Tribunal Constitucional alemán, que basa su resolución en que el BCE no ha demostrado que tiene en cuenta el equilibrio entre los posibles efectos de sus compras y sus objetivos, que son únicamente mantener baja la inflación, no financiar los déficits de los países. La CDU (el partido de Merkel) reaccionó diciendo que "el BCE no tiene el mandato o la legitimidad democrática para llevar a la UE a una unión de deuda". No se puede decir más claro que no va a haber ni eurobonos, ni tampoco la mutualización de deuda que propone Sánchez.
Y nuestro Gobierno, encima, echa más leña al fuego cuando Illa se pone chulo con los holandeses diciendo que no nos pueden dar lecciones (aunque allí el confinamiento ha sido voluntario, ya ha acabado y tienen muchos menos muertos por millón). En todo caso, una vez que le habían dejado claro que no tendrá estos instrumentos, al Gobierno español no le quedaba otra que pedir un segundo rescate -el primero fue el de 2012 para el sector financiero-, entendiendo por tal préstamos de la UE en mejores condiciones que las emisiones de deuda en mercado, pero no subvenciones a fondo perdido.
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El BCE reaccionó ayer al ataque alemán defendiendo su independencia, como es lógico. Pero su política ha quedado cuestionada. Si, finalmente, el BCE no va a poder comprarnos la ingente cantidad de deuda que tendremos que emitir, la prima de riesgo española se puede ir a toda velocidad a los 600 puntos básicos que alcanzó en 2012 cuando casi nos echan del euro, o incluso superarlos. Para evitar que nos salgamos de la unión monetaria, ese rescate de la UE (y, probablemente, del FMI) tendrá que ser mucho mayor que los 41.000 millones del de 2012.
UN RESCATE GIGANTESCO CON DURAS CONDICIONES
¿Cuánto? Eurointelligence calcula un 0,4% del PIB durante tres años, lo que supondría unos 120.000 millones... contando con las compras de deuda del BCE. Si estas salen de la ecuación, hay quien calcula que podría ser 10 veces mayor que el de hace ocho años. Medios como Zerohegde consideran que las tremendas previsiones remitidas este sábado por el Gobierno a Bruselas (10,34% de déficit y 115% de deuda este año) son nuestra forma de pedir ese enorme rescate.
Por supuesto, nadie nos va a prestar esa ingente cantidad de dinero sin ponernos unas durísimas condiciones a cambio. Se nos avecina un ajuste de caballo parecido al que se aplicó a Grecia, en el que nos impondrán una fuerte reducción del gasto público -empezando por los 23 ministerios con su cohorte de altos cargos y asesores, los miles de organismos inútiles autonómicos, las subvenciones millonarias, etc.-, reformas estructurales (incluyendo la fiscal y, al fin, la de las pensiones), liberalizaciones, privatizaciones, profesionalización de la gestión, etc.
Todas estas medidas probablemente son necesarias desde hace mucho tiempo, pero es muy dudoso que ningún Gobierno (ni del PSOE ni del PP) las adopte si no es por imposición.
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