La reforma de pensiones peca de optimista y puede ser negativa, dicen los expertos

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Estas son algunas de las conclusiones sacadas del debate sobre el reto de la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones y el Pacto de Toledo en el que han participado dos miembros del Foro de Expertos del Instituto Santalucía: José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS, y Ángel de la Fuente, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania. Durante este encuentro, han destacado que apenas ocho recomendaciones tienen efectos económicos en el sistema y, de ellas, tres tienen claro signo negativo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad.

Eso sí, De la Fuente deja claro que "la equidad del sistema no está en duda", pero considera "deseable" que "haya certidumbre sobre los ingresos futuros, aunque no a cualquier precio". Por ello, opina que vincular la revalorización de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) "puede resultar caro", con lo que aboga por blindar algunas pensiones, como las mínimas, pero llevar a cabo una "actualización parcial".

Respecto a la idea de retrasar la edad de jubilación, ambos expertos coinciden. De la Fuente cree que "todo lo que se haga en esa dirección es bueno", ya que "cada vez vivimos más tiempo, por lo que es razonable alargar la vida laboral". Por su parte, Herce considera que "ahora es barato jubilarse anticipadamente y hay que encarecer esa modalidad", puesto que pocos se apuntarán a una jubilación anticipada si la penalización por hacerlo se sitúa muy elevada.

21 RECOMENDACIONES

Aunque la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso ha probado las nuevas propuestas, aún tendrán que ser sometidas a una nueva votación en el Pleno del Congreso. Ahora mismo, estas son las 21 recomendaciones que han recibido 'luz verde':

Defensa del sistema público: el Pacto de Toledo se reafirma en su compromiso para defender el mantenimiento y la mejora del sistema público de pensiones. Un sistema apoyado en los principios de solidaridad intergeneracional, suficiencia de las prestaciones y equidad en el reparto de las cargas. Separación de fuentes de financiación: con el objetivo de reducir el elevado déficit que arrastra la Seguridad Social fundamentalmente por las pensiones de jubilación, quiere avanzar en la separación de fuentes de financiación para la sostenibilidad financiera del sistema. De este modo, las cotizaciones sociales de los trabajadores que hasta la fecha financiaban todo el sistema, se destinarán exclusivamente a sufragar las pensiones contributivas.

Poder adquisitivo: el consenso ha aprobado garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo vinculando su revalorización a partir del IPC real. Fondo de Reserva: esta partida, conocida coloquialmente como la ‘hucha de las pensiones’ es la utilizada para cubrir el déficit de cerca de 20.000 millones de la Seguridad Social y que apenas cuenta ya con fondos. Es por ello que el Pacto de Toledo señala que el Fondo de Reserva no es el mecanismo para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural, pero sí para resolver desequilibrios coyunturales y propone fijar un remanente mínimo.

Cotización de autónomos: la Comisión busca equiparar la protección social de los trabajadores por cuenta propia, para ello recomienda que los autónomos coticen según sus ingresos reales. Asimismo, aconseja medidas que contemplen la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial de este colectivo. Falsos autónomos: ante la digitalización, el Pacto de Toledo llama a combatir la figura del falso autónomo, buscando mecanismos para favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema. Hace también mención a la transformación digital, que no implica necesariamente una mayor creación de empleo, con el reto de encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, en alusión al llamado 'impuesto al robot'.

Periodos de cotización: valora que positivamente que los cotizantes puedan elegir los años más favorables para calcular su futura pensión de jubilación. El objetivo es no perjudicar a trabajadores estacionales o afectados por periodos de precariedad laboral. Actualmente, se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de 15 años, lo que da derecho a la mitad de la prestación. Para el cálculo de la base reguladora, se está ampliando el periodo hasta los 25 años que se alcanzarán en 2022.

Incentivos al empleo: la recomendación es que la financiación de los incentivos al empleo no se realice con cargo a las cotizaciones sociales y que los incentivos sean concebidos como una herramienta excepcional y concentrados en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma singular, como las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género, entre otros.

Información ciudadana: recomienda que los ciudadanos puedan disponer de información periódica sobre su futura prestación. Gestión del sistema: una mejora con una mayor coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales de las autonomías.

Mutuas: avanzar en el proceso de dotar de transparencia y modernizar el funcionamiento de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con el objetivo de avanzar en un mejor uso de los recursos. Lucha contra el fraude laboral: a través del refuerzo de medios materiales y humanos, el Pacto de Toledo insiste en la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, así como el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas.

Contribuitividad: con el ánimo de equilibrar lo que se percibe según lo cotizado, la Comisión recomienda reforzar la contributividad. Asimismo, en la búsqueda de no penalizar a aquellas personas con vidas laborales prolongadas y que se han visto perjudicadas por crisis económicas al final de su carrera puedan elegir el periodo de cotización para el cálculo de su pensión. Edad de jubilación: acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria legalmente establecida, lo que pasa por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos, y fomentar la prolongación de la vida laboral.

Pensión de viudedad y orfandad: recomienda actualizar la pensión de viudedad a la nueva realidad social y familiar y a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios para mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos. En este sentido, señala que la protección social debe concentrarse en las personas beneficiarias con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos. En cuanto a las pensiones de orfandad, se apuesta por una mejora en la cuantía y elevar la edad a los 25 años.

Suficiencia del sistema: en relación a la tasa de sustitución (porcentaje que mide la pérdida de poder adquisitivo entre el salario medio y la pensión media) recomienda adoptar medias comparables con las de países más avanzados de la Unión Europea (UE). Sistemas complementarios: incentivar los planes de pensiones promovidos por empresas y organizaciones, conocidos como planes de empleo a partir de la negociación colectiva.

Brecha de género: reconoce la necesidad de garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral y en el de las pensiones, para ello, recomienda mayores herramientas de corresponsabilidad para corregir posibles situaciones discriminatorias como, por ejemplo, trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría asumidos por mujeres. Jóvenes: reclama mejorar las condiciones laborales de los jóvenes con medidas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado laboral y combatan la precariedad laboral. Personas con discapacidad: intensificar medidas para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a un empleo digno, suficiente y de calidad. Trabajadores migrantes: facilitar mecanismos para la contratación de trabajadores migrantes, especialmente ante el envejecimiento de la población en España.

Control parlamentario: la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tiene naturaleza de comisión permanente y transcurridos al menos cinco años desde la renovación de las recomendaciones, se indica que Congreso de los Diputados lleve a cabo una revisión general de las recomendaciones y su grado de cumplimiento.