El sistema de reparto por el que actualmente se rigen las pensiones públicas puede dejar de ser el más óptimo el próximo año, a favor del sistema de capitalización. Por ello, urge más aún una reforma que pase por el control del gasto a largo plazo y un cambio estructural que eleve la cuantía de recursos disponibles, según consideran economistas y varios sectores.
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El sistema de reparto genera más recursos que un sistema de capitalización cuando la suma del crecimiento de los ocupados y de los salarios es superior a la tasa de rentabilidad a largo plazo de un activo sin riesgo, como puede ser el bono del Estado a diez años. Esto es lo que ha sucedido en 2019, aprovechando los últimos trimestres de crecimiento económico antes de la nueva recesión y los máximos que se están obteniendo en la recaudación de impuestos. Pero esta situación está cambiando por completo en 2020.
Es lo que explica un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas, en el que se detalla que, precisamente, el hundimiento de la rentabilidad del activo sin riesgo y el incremento de los salarios hizo que hasta principios de 2020 el sistema público de reparto fuera socialmente más óptimo que el sistema de capitalización. "Esta situación puede darse la vuelta en 2021 si se mantiene la tendencia alcista en la prima de riesgo de España y la destrucción temporal de empleo y salarios derivada del Covid-19 se convierte en permanente", avisan.
Consideran por tanto que, si se vuelve a girar la optimalidad hacia el sistema de capitalización, la urgencia de reforma pasará, especialmente, por el control del gasto a largo plazo del sistema de reparto, a la espera de que vuelva a producirse una buena coyuntura del mercado laboral para bloquear fondos que sirvan para financiar el ritmo creciente de gastos asociados a la longevidad. "Es el momento de plantear reformas estructurales que eleven la cuantía de recursos disponibles, especialmente por el lado de la productividad, como el incremento de la competencia y la flexibilización de los mercados de bienes y servicios, y por el lado también del saneamiento de las cuentas públicas, donde reducir el binomio déficit-deuda".
No obstante, reconocen los problemas que surgen a la hora de tener que tomar decisiones en el marco de un sistema del cual han desaparecido todas y cada una de sus premisas, como es el caso del sistema público de reparto, cuya premisa esencial era una pirámide con una amplia base de población joven sobre las cohortes de jubilados, además de la falta de alternativas relevantes que puedan articular una solución óptima como es la falta de un desarrollo mayor de los sistemas complementarios de ahorro personal y de empleo, aseguran.
JUBILACIÓN ACTIVA E HIPOTECAS INVERSAS
En cuanto a las posibles soluciones que se plantean se encuentra la de potenciar la llamada jubilación activa, eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora. También creen que sería conveniente desincentivar el retiro temprano basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o Expedientes de regulación de Empleo (ERE).
Opinan que sería necesario implementar reformas en los mercados y estructuras productivas para incrementar la productividad total de los factores, basadas en sistemas de transferencia del conocimiento intra-empresa de los trabajadores mayores a los jóvenes, digitalización y automatización de procesos productivos que generan escaso valor añadido, flexibilización del mercado de trabajo y rebaja de la cuña fiscal a los trabajadores más mayores. Así como incrementar la oferta de productos y servicios de inversión, como fondos que invierten en función del ciclo vital, mecanismos de conversión en liquidez de la vivienda (hipotecas inversas y rentas vitalicias), planes de ahorro sistemático o seguros.
Otra posibilidad sería la de apostar por una implantación ambiciosa de sistemas de previsión social complementaria con reforma de los costes de gestión financiera y combinación de la contribución tanto a la Seguridad Social como a un plan de empleo. Dado el impacto sobre la cotización patronal, afirman que es necesario que ésta tenga incentivos fiscales adicionales, así como no fiscales como aportaciones compensatorias públicas o subvenciones.
