Venezuela.- México exige un pago de 3 millones de dólares a empresas por especular con la venta de alimentos a Venezuela

Desde 2016, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, distribuye alimentos mayormente importados bajo subsidio a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa creado para combatir la escasez de bienes que es investigado en varios países tras denuncias de corrupción y especulación.

Las entidades que obtuvieron recursos para la exportación de alimentos desde México del programa CLAP acordaron entregar los 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela", ha señalado Israel Lira, titular de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada.

Como parte de un "acuerdo reparatorio", las empresas y personas involucradas --cuyos nombres completos no han sido revelados-- también se han comprometido a no realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP, según Lira.

Alrededor de 1.300 contenedores con alimentos que estaban en proceso de despacho marítimo a Venezuela no se verán afectados.

"Se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realice en condiciones no aptas para el consumo humano", ha afirmado Lira.

Para Maduro, las cajas CLAP son el "arma más poderosa" para combatir lo que ha calificado como una "guerra económica" en contra de su gobierno. Pero analistas y opositores aseguran que el programa ha sido utilizado como un mecanismo de control social.

Algunos de los productos exportados desde México, principalmente leche y derivados, eran de muy baja calidad, según Luis Alfonso de Alba, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México.

México comenzó a compartir información sobre el caso con otros gobiernos, principalmente Colombia, para evitar fraude o blanqueo de dinero, siguiendo su compromiso ante el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en 2017 para buscar soluciones a la crisis venezolana. "Estamos tomando medidas para que esto no se repita," ha aseverado De Alba.