Apoyo público al sistema financiero español

Ayudas públicas al sistema financiero español
Avales: fuente de ingresos para el Estado Los avales del Estado para la emisión de deuda banca-ria fueron la primera línea de asistencia tras el cierre de los mercados de financiación mayorista en 2008. Entre 2008 y 2011, España avaló deuda por 62.200 millones de euros (equivalentes a un 5,8% del PIB), de los que unos 23.000 millones todavía no han vencido.
En 2012, el programa de avales se reactivó con la emisión de deuda a 3-5 años por 41.235 millones de euros (3,8% del PIB). En los próximos meses, además, el Estado avalará emisiones de deuda de la Sareb por unos de 52.100 millones (4,9% del PIB).
Los avales no han supuesto, hasta la fecha, ningún desembolso para el Estado. En cambio, las entidades financieras han reportado al Estado ingresos por comi-siones superiores a 1.600 millones de euros y se prevén unos 1.000 millones adicionales en los próximos años.
EPAs: riesgo contingente moderado
En general, la adjudicación de entidades con problemas se ha realizado con la ayuda de esquemas de protec-ción de activos (EPAs) que cubren potenciales pérdidas sobre una cartera de créditos. La mayoría de ellos (CCM, CAM y Unnim) serán asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que, sobre una cartera total de 42.000 millones de euros, deberá hacer frente a unas pérdidas estimadas en torno a 10.000 millones de euros. En cambio, el EPA de Banco de Valencia se asumirá con fondos públicos. El Banco de España esti-ma una pérdida esperada de este EPA para el Estado de 300 a 600 millones de euros.
FROB: riesgo de pérdidas públicas
Una vez agotados los recursos privados del FGD, que asumió las primeras inyecciones de capital (7.900 millo-nes para CCM, CAM y Unnim), el Estado optó por la creación del FROB para recapitalizar las entidades con problemas de solvencia (el FGD cuenta con una partici-pación del 25% en el FROB).
En varias fases, el FROB inyectó 52.000 millones de euros al sistema hasta diciembre de 2012. Además, aportó 1.700 millones de euros en capital a la Sareb. Para 2013 quedan pendientes de desembolso otros 1.865 millones de euros en capital para las entidades del grupo 2 (BMN, CEISS, Caja3 y Liberbank) e inyec-ciones adicionales a la Sareb por valor de unos 350 millones de euros.
Hasta el tercer trimestre de 2012, el Estado había reco-nocido pérdidas por unos 14.500 millones  de euros asociadas a las recapitalizaciones del FROB I y II en las entidades nacionalizadas (grupo 1). Las pérdidas que deberán asumirse en relación al resto de inyecciones, incluidas las realizadas con el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), son todavía inciertas y dependerán, en último término, del éxito en los proce-sos de reestructuración de las entidades y de la capaci-dad de atraer inversores a sus subastas.
No cabe duda de que las inyecciones públicas de capi-tal, tanto a entidades financieras como a la Sareb, son las más susceptibles de acarrear pérdidas para el erario público. El Estado ha tratado de minimizar la exposición a dicho riesgo mediante la participación del FGD, la imposición de pérdidas a accionistas privados y tenedo-res de híbridos (bail-in), la transferencia de activos a la Sareb, con mayoría privada en el capital, y el diseño de planes de reestructuración que deberían garantizar la viabilidad de las entidades que han recibido fondos públicos. La utilización de estas medidas ha mitigado la necesidad de inyecciones públicas de capital en Espa-ña, situándose en un 5,3% del PIB, un nivel similar al de Bélgica (5,5% del PIB), Reino Unido (4,7%) o Dinamar-ca (4,5%) y muy lejano del 40,1% del PIB en Irlanda.