El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desoído la orden de la Junta Electoral Central (JEC), que le dio un plazo de 48 horas el pasado lunes para la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.
Noticia relacionada
Torra ha enviado este miércoles un escrito a la JEP en el que rebate los argumentos empleados por órgano superior de la Administración Electoral en España, aunque no ha tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo, sino que simplemente ha pedido al órgano que reconsidere su resolución.
“La prohibición implica el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”, ha defendido Torra y ha añadido que "la resolución de la JEC, lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública”.
La orden de la JEC atiende a una petición registrada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos y espacios públicos en periodo electoral, algo prohibido por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Según argumentó la JEC, la ley prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones y recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas, pero no de los gobernantes.
El presidente de la Generalitat podría afrontar ahora una denuncia por desobediencia cuya multa, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, va de los 300 a 3.000 euros.
