La Generalitat de Cataluña está "estudiando" la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de este lunes, que ha dado 48 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire lazos amarillos y 'esteladas' de los edificios gubernamentales. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha avanzado, no obstante, que el Govern catalán contempla "soluciones combativas" al mandato del organismo, lo que anticipa el enésimo choque entre Cataluña y Estado que puede desembocar en un nuevo caso de desobediencia.
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La orden de la JEC atiende a una petición registrada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos. En consecuencia, el máximo órgano arbitral del procedimiento electoral ha hecho valer el principio de de "neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril", explica el profesor de derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual a Bolsamanía.
Por el momento, sin embargo, el Ejecutivo autonómico no ha movido ficha y, según explican a Bolsamanía fuentes del Govern, se está "consultando" con los servicios jurídicos cómo proceder. El plazo dado acaba este miércoles por la tarde, cuando previsiblemente se mantendrán los elementos que han generado la discordia y se darán la oportunas explicaciones oficiales. Entretanto, además de Artadi, que ha tachado de "ridícula" la pretensión de la Junta Electoral, también ha cargado contra la JEC el expresident catalán, Carles Puigdemont, autoexiliado en Waterloo, quien ha calificado la decisión de "esotérica", en declaraciones a 'Rac1'.
El candidato de Junts per Cataluña y Crida Nacional a las elecciones europeas también ha insinuado cuáles pueden llegar a ser las repercusiones. "Espero que no estén tratando de construir un caso de desobediencia contra Torra", ha dicho. Tanto el jefe del Ejecutivo autonómico como otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por el delito de desobediencia en Fiscalía, precisamente el mismo por el que están siendo juzgados los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo -además de por sedición y malversación-.
"La decisión que tome el árbitro de los procesos electorales irá en función del grado de conflictividad al que se quieran exponer", explica Pascual. El jurista también argumenta que no hay antecedentes de desobediencia institucional como la que se plantea el Ejecutivo autonómico, por lo que no hay un "armamento punitivo" específico y lo más probable es que se apliquen aquellas medidas más cercanas a los castigos contra civiles por desobedecer los mandatos de la JEC. Empezando por las multas, que se apilarán sobre los cargos institucionales, ya que el organismo puede ir renovando los plazos de 48 horas para cumplir su resolución y acabando por acciones como pedir la intervención de la Policía judicial, comenta el profesor de la UOC.
Fuentes de la JEC, consultadas por Europa Press, admiten que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial. De entrada, el primer señalado es el president Torra, que aparece citado expresamente en la resolución de la entidad porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito.
Una vez que acabe el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las juntas electorales provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.
SI SE APRECIA DESOBEDIENCIA, ACTÚA LA FISCALÍA
Y, además de esta sanción administrativa por infracción electoral, una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia.
Por un hecho similar, la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
En la resolución de la JEC se recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista, como la bandera 'estelada' "son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". Pascual puntualiza que en este caso no es admisible la "discusión filosófica" sobre que los lazos no son símbolos políticos porque el movimiento al que representan "no es transversal ni refleja el sentir de toda la sociedad", por lo que considera que la petición de retirarlos "está justificada".
El acuerdo, que se va a trasladar a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, es firme en la vía administrativa y contra él ya sólo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.
