Baltasar Garzón, en Chile: "Un Estado de derecho no puede permitir que una persona muera en prisión"

Garzón, que se encuentra en Chile en una breve visita para participar en un foro sobre genocidio, se ha mostrado "convencido" de que existen casos sobre presos que la Justicia debe valorar "minuciosamente". Estas declaraciones, concedidas al diario chileno 'La Tercera', responden a la solicitud por parte de exoficiales del Ejército acusados por crímenes de lesa humanidad que han solicitado un indulto por enfermedad.

"Las razones humanitarias deben aplicarse por igual a cualquier persona que esté en una situación incompatible con los fines de la pena", ha explicado el exjuez. En este caso, ha indicado, "el lugar de cumplimiento (de la condena) puede no ser el elemento principal".

"Sin embargo, si es como regla general y una reivindicación, no me parece bien. En todo caso, para paliar estas situaciones, no creo que el indulto sea la medida a adoptar", ha matizado.

En este contexto, ha recordado el caso de Joseba Imanol Elosúa, propietario del bar 'El Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y presuntamente responsable del aparato de extorsión de ETA, a quien decretó libertad provisional cuando era magistrado de la Audiencia Nacional debido a su precario estado de salud.

"En este asunto me he expresado públicamente en España, con casos como el de un dirigente de la organización terrorista ETA cuya prisión ordené y que después fue condenado por actos execrables, que sufría un cáncer terminal", ha explicado.

"Mi opinión fue clara: un estado de derecho no puede permitir que una persona muera en prisión, porque, en ningún caso la justicia es venganza", ha concluido.

La puesta en libertad de Elosúa tuvo lugar en febrero de 2007, cuando Garzón acordó la medida tras conocer los informes de dos forenses que acudieron a la prisión de Martutene (San Sebastián) para explorar a Elosúa, con cáncer de próstata complicado con una dolencia cardiaca.

INDULTOS A CONDENADOS POR LA DICTADURA

La polémica sobre los indultos a los presos condenados por su implicación en crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet salió a la luz después de que a principios de marzo falleciera el excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz, que cumplía una condena de diez años por un delito de secuestro y asesinato en 1973.

Muñoz, con una enfermedad renal crónica terminal y otras enfermedades derivadas, falleció después de haber solicitado el indulto por razones de salud. Este indulto lo solicitaron además otros cuatro internos de la prisión de Punta Peuco, donde estaba encarcelado.

El abogado del fallecido, Raúl Meza, denunció que la muerte de su cliente hubiera tenido lugar mientras él estaba en prisión, provocando una serie de protestas por parte de familiares de exagentes encarcelados que solicitaron el perdón presidencial por razones sanitarias.