Acuerdos sobre justicia transicional generan divisiones en Colombia

Piedad tenía 19 años cuando fue capturada por las FARC, que la convirtieron en su esclava sexual hasta que consiguió escapar, seis años después. "Cada día entre cinco y ocho hombres hacían lo que querían con mi cuerpo. Han dejado heridas de por vida", ha dicho a Reuters.

De los siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano, según datos oficiales del Gobierno, no todos son culpa de la guerrilla. De los siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano, según datos oficiales del Gobierno, no todos son culpa de la guerrilla.

Para Piedad, que ahora tiene 45 años, que los guerrilleros solo cumplan un máximo de ocho o 20 años de cárcel no es suficiente "por violar a niñas una y otra vez y por los demás abusos que han cometido" en este medio siglo de conflicto armado.

Edelmira, de 63 años, tiene una opinión similar. Tuvo que huir de su casa cuando aún era una niña por el continuo hostigamiento de las FARC, al igual que otros seis millones de colombianos. "Sin cárcel no hay justicia", ha sostenido.

Sin embargo, la visión de Edelmira es ligeramente distinta. Para ella "lo que se ha acordado es mejor que nada". "La guerra tiene que acabar para que no haya más personas desplazadas, para que no haya más víctimas", ha argumentado.

SOLO LA VERDAD

De los siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano, según datos oficiales del Gobierno, no todos son culpa de la guerrilla. Los agentes del Estado se han movido igualmente en la impunidad por los crímenes cometidos en la guerra interna.

En este sentido Reuters recavó el ejemplo del hijo de Luz Marina, un discapacitado físico y mental que fue asesinado hace siete años, cuando tenía 26. Aunque en un principio se le atribuyó el crimen a las FARC, en 2012 se confirmó la autoría de seis militares que fueron condenados a hasta 50 años de cárcel.

"Hay muchos casos similares que siguen impunes. Colombia es una gran fosa común", ha lamentado la madre del desaparecido, sosteniendo que "la mínima demanda por parte de las víctimas es que todas las partes devuelvan los muertos a las familias" y "que la verdad salga a la luz".

JUSTICIA TRANSICIONAL

El pasado 23 de septiembre, en un día histórico para Colombia, se firmó entre Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, alias 'Timochenko', lo que se considera la base de una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

Tras la presentación del documento de diez puntos que se firmó en La Habana, la polémica ha surgido en torno a la revelación total del documento que han trabajado las partes y los temores de la oposición, quienes han expresado sus críticas frente a algunas temas incluidos en el documento público, al mismo tiempo que han reclamado la necesidad de conocer la totalidad de lo acordado en Cuba hasta el momento.

Por su parte, desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de mantener la confidencialidad de los acuerdos por un tiempo más, mientras Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC explicó a Europa Press que la vía "restaurativa" servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos.

De acuerdo con el Asesor, las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal". Santiago defendió que "sí habrá privaciones de derechos y libertades", de entre cinco y ocho años que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos".

Después de presentar avances en materia de justicia transicional, el Gobierno y las Farc han suscrito cuatro acuerdos dentro de los diálogos de paz, junto a los avances en desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.

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