El Estado va apostar 50 millones a la viabilidad futura de Duro Felguera. Ante el rechazo de las aseguradoras privadas a avalar el 50% de una línea de crédito necesaria para la supervivencia de la atribulada empresa asturiana, la pública Cesce va a asumir ese riesgo, según fuentes cercanas a la compañía. Además, Deloitte ha concedido plenos poderes al nuevo consejero delegado, José María Orihuela, en detrimento del presidente, Acacio Rodríguez.
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La línea de crédito revolving de 100 millones es indispensable para la continuidad de la actividad de Duro Felguera y se incluía en la refinanciación por la que la empresa se salvó del concurso de acreedores en el último minuto el pasado mes de julio. Pero los bancos acreedores habían puesto como condición -por su desconfianza en los gestores- que una aseguradora garantizase el 50% de esa cantidad. Esa aseguradora será Cesce, lo que nos obligará a todos los españoles a perder 50 millones si la compañía no devuelve el dinero.
No es la primera vez que el Gobierno pone en riesgo el dinero público en refinanciaciones empresariales de dudoso futuro. El vehículo habitual suele ser el ICO (Instituto de Crédito Oficial). Por ejemplo, en Abengoa el Estado tenía una exposición de 415 millones a través del ICO, Cofides y la propia Cesce; en la refinanciación de 2017, el citado instituto tuvo que asumir una pérdida de 85 millones y convertir otros 87,5 en acciones de la empresa, que suponen el 3,1% de su capital.
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Los bancos de Duro Felguera respiran con Deloitte y el nuevo CEOEn el caso de Duro Felguera, los acreedores asumieron una quita del 75% en la refinanciación de julio, que estaba condicionada a que la compañía consiguiera 125,7 millones en una ampliación de capital. A esta operación acudieron inversores tan conocidos como Cobas (Francisco García Paramés), azValor, Norges Bank, La Muza (familia Urquijo) o la sicav de los dueños de Mayoral.
LA BANCA IMPONE A DELOITTE Y ORIHUELA
Pero en la presentación de resultados del primer semestre, Acacio Rodríguez afloró varias desviaciones en costes y deterioros adicionales en ciertos proyectos con respecto al plan estratégico en que se basó la refinanciación, que suponían una disminución de la caja de 38 millones. Tampoco se descubrieron retrasos en el cobro de ciertas cuentas sometidas a litigios, por un importe de 33 millones, en la contratación de nuevas líneas de financiación por 50 millones de euros, o en la contratación de varios proyectos por unos 180 millones más.
Estas pérdidas ocultas provocaron un derrumbe de la acción del 47% en un solo día y sembraron el pánico en los acreedores. Su respuesta fue contratar a Deloitte para revisar todas las cuentas y proyectos de Duro Felguera, e imponer a Orihuela como nuevo consejero delegado para trabajar junto a Acacio Rodríguez. Menos de dos meses después, el sindicato bancario ha decidido quitar todo el poder a este último y acometer una reorganización completa del organigrama de la compañía.
"En realidad, más que de consejero delegado, su función es de CRO" (chief restructuring officer), es decir, encargado de acometer una reestructuración en profundidad de la empresa para tratar de hacerla viable, según una de las fuentes consultadas.
