Dejar de financiar las pensiones con créditos y hacerlo a través de impuestos. Es lo que pide el Tribunal de Cuentas, que recientemente ha asegurado que la Seguridad Social se encuentra en "patrimonio neto negativo". Una situación que se agravará a final de junio, con el abono de la paga extraordinaria a los pensionistas.
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Los préstamos "no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social", "más bien al contrario", ya que afectan "negativamente a su solvencia". Es la crítica hecha por el Tribunal de Cuentas a los créditos realizados desde 2017 por la Administración General del Estado (AGE) a la Seguridad Social.
En concreto, el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó préstamos de 10.192 millones en 2017 y de 13.830 millones en 2018. A 31 de diciembre de 2017 el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social recoge una deuda a favor de la AGE de 27.360,7 millones de euros. Aunque señala que la deuda total de la Seguridad Social con el Estado tiene su origen en préstamos concedidos entre 1992 y 1999. Una deuda que no ha sido devuelta "porque la Seguridad Social carece, por sí misma, de la capacidad financiera para ello".
El organismo pide "promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable" los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Así como que estos déficits financieros y presupuestarios se cubran con financiación estatal, pero con transferencias.
El Gobierno ha asegurado que las pensiones públicas son "sostenibles" y que ya ha tomado medidas, como la subida del salario mínimo y el aumento de las cotizaciones, que ayudan a "garantizar la sostenibilidad futura", según ha apuntado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. La ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, también se ha pronunciado: "la Seguridad ni está en quiebra ni va a quebrar. No es una empresa privada, es una parte de la administración pública. Y desde luego está garantizado el pago de las pensiones". "El problema de la Seguridad en nuestro país no es un problema de gasto excesivo, es un problema de déficit de ingresos", dice.
Una de las principales propuestas de Pedro Sánchez si repetía como presidente esta legislatura coincide con las ideas que defiende el Tribunal de Cuentas. Aunque no detallaba concretamente cómo sería la mejor reforma del sistema de pensiones, sí que proponía eliminar el déficit de la Seguridad Social en cinco años. Para ello, una de sus propuestas fue redefinir las fuentes de financiación, dejando entrever la posibilidad de que determinados gastos que actualmente se cargan a las cuentas de la Seguridad Social pasen a figurar en los presupuestos generales, quitando esa carga y haciendo que se financien a base de impuestos.
El déficit de la Seguridad Social ronda los 19.000 millones de euros y el gasto en pensiones no deja de crecer. Según los últimos datos del Ministerio, en mayo aumentó un 7% respecto al año anterior, rozando la cifra récord de 9.611 millones de euros.
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