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El coste laboral de los empleados públicos españoles es mayor que en otros países de la OCDE incluso cuando los datos arrojan que tenemos menos. El informe Government at a Glance 2015, que incluye a los 34 países del mundo más desarrollados, ha informado de estos datos de los que se han hecho eco el Círculo de Empresarios al analizar los Presupuestos Generales de 2016.

El Gobierno ha vuelto a apoyar este viernes al colectivo de los funcionarios del Estado, que ha anunciado que les va a devolver el otro 25% de la paga de Navidad que suspendió en el año 2012. Al parecer, y según ha informado El Mundo, esta cantidad se les devolverá posiblemente junto con la convocatoria de los comicios generales en el mes de diciembre que ya Rajoy dijo que seguramente sería alrededor del día 20 de ese mes.

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De esta manera, los datos arrojan que las administraciones públicas de España poseen el 13% del empleo de la población laboral activa, algo que está por debajo de la media de la OCDE en seis puntos pero en lo que nuestro país invierte más dinero. Concretamente, España dedica el 24,8% del gasto público al pago de nóminas y el resto, aún teniendo más empleados, sitúa su media de pago en el 22,9%.

El medio ha informado que esto quiere decir se dedica uno de cada cuatro euros de sus presupuestos para pagar a sus empleados en vez de recaer sobre otras políticas de actividad para facilitar el crecimiento económico. Al parecer, las cifras corresponden al coste laboral total, el coste real para los contribuyentes, con salarios totales, las antigüedades y las cotizaciones.

Cabe destacar además que, según la EPA, se contabilizan alrededor de tres millones de funcionarios, los mismos que al inicio de la crisis, debido a lo cual la OCDE ha indicado en sus conclusiones que "el empleo del sector público sigue siendo estable".

Por su parte, siempre El Mundo, el Círculo de Empresarios ha hecho hincapié en que ante estos datos, hay que llevar a cabo una reforma de las administraciones públicas "para dotarlas de mayor eficiencia". Además, el informe señala que no tiene sentido que un país como Suecia tenga más empleados públicos que España y que además de esto tenga un menor coste laboral.

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