Las familias vulnerables con menores a cargo y los jóvenes de hasta 35 años podrán ser avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) para comprar su primera vivienda. El Consejo de Ministros acaba de dar el visto bueno a crear una línea de avales que cubra hasta el 20%, o el 25% si la vivienda dispone de calificación energética 'D'.
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El objetivo es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas, por lo que el Gobierno ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al ICO a articular una línea de avales, con cargo al presupuesto del Ministerio, para facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo.
Según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la nueva línea de avales hipotecarios está dirigida a "jóvenes y familias con deseo y voluntad de comprar vivienda, que tienen solvencia y capacidad financiera para ello, pero que no disponen del ahorro necesario para pagar la entrada que les solicita la entidad bancaria".
Los avales podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable dos años más en función de la demanda y las circunstancias económicas, y los beneficiarios no tendrán que asumir ningún coste.
En cuanto a las condiciones, los ingresos de los solicitantes no podrán ser superiores a 4,5 veces el Iprem, es decir, 37.800 euros brutos al año. En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble, con lo que los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.
Además, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.
Respecto a la hipoteca, el préstamo a avalar podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por el Ministerio será asumido por la entidad de crédito. En este punto, se abre la puerta a establecerse un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial.
El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima 'D' o superior, podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.
El plazo del aval otorgado será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia. El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el convenio.
HASTA 43.000 VIVIENDAS EN ALQUILER ASEQUIBLE
Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado el desarrollo de una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.
Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.
El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga: cuatro años más una posible prórroga de dos años, como norma general, ocho años más cuatro años de prórroga si, por ejemplo, los terrenos a adquirir están en proceso de ordenación urbanística.
El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras.
El Gobierno asegura que "se trata de un nuevo instrumento para avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado".
La línea de créditos se enmarca en el Componente 2 del Plan de Recuperación que incluye 1.000 millones de euros en ayudas para construir viviendas sobre suelo público antes de que finalice 2026, y se articula sobre el principio de cooperación territorial con las CCAA y respetando sus competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
