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El Subgobernador Del Banco De España, Javier ArízteguiEUROPA PRESS

El juicio por la salida a bolsa de Bankia afronta este lunes una de sus jornadas más importantes con la declaración como testigo de Javier Aríztegui, quien fuera subgobernador del Banco de España entre 2009 y 2012, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente de la institución. El martes será el turno de la excúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el paso de Julio Segura y Fernando Restoy por los pasillos de la Audiencia Nacional.

Aríztegui había sido director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago y de Supervisión del Banco de España antes de que en 2009 Fernández Ordóñez lo propusiera como su número dos en el supervisor. Desde entonces, el hombre de confianza del gobernador asumió su papel como “gran hacedor” de lo que ocurría en la institución, según lo describe una fuente cercana al Banco de España.

“Fernández Ordóñez estaba bastante ausente en la supervisión, el que manejaba todo era Aríztegui”, añade la misma fuente, que subraya que el exsubgobernador fue quien forzó que Bancaja se integrara en Bankia. La pasada semana, Jerónimo Martínez Tello, entonces director general de Supervisión, reconoció que la institución insistió a José Luis Olivas, en el momento presidente de Bancaja, para que se integrara en el SIP y que él solamente aceptó a la tercera, tras una reunión con Fernández Ordóñez.

De acuerdo con la misma fuente, Aríztegui llegó a enfrentarse a los inspectores por sus desacuerdos en algunas cuestiones y el exsubgobernador recibió una reprimenda en la subcomisión de seguimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el Congreso.

Aríztegui renunció al cargo en junio de 2012, a la vez que Fernández Ordóñez, y le sustituyó precisamente Fernando Restoy, hasta ese momento vicepresidente de la CNMV.

Años más tarde, el Banco Central Europeo (BCE) designó a Aríztegui para ser uno de los cinco miembros del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), cargo que dejó en 2017 tras ser imputado, precisamente, en el caso Bankia.

DISTANCIAMIENTO

La fiscal del caso, Carmen Launa, así como las acusaciones y las defensas han tenido ya la oportunidad de interrogar a bastantes actores relevantes en la supervisión de Bankia entre los años 2010 y 2012, cuando se gestó su nacimiento, su salida a bolsa y su crisis.

Por el banquillo, aunque como testigos, han pasado ya los inspectores de cabecera de Bankia, José Antonio Casaus y José Antonio Delgado, el inspector Pedro Bravo y sus jefes Pedro González, Mariano Herrera, Pedro Comín y Jerónimo Martínez Tello, así como el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Inspectores y jefes han escenificado estos días un distanciamiento. Los inspectores han dicho cosas como que el sistema institucional de protección (SIP) que dio lugar a Bankia fue una operación para "maquillar el muerto" que eran las cajas de ahorro ("Caja Madrid era un moribundo y Bancaja era un muerto") o que BFA, “si no cayó por falta de liquidez, fue por las ayudas públicas”.

Estos mensajes no eran del todo novedosos, pues algunos estaban recogidos en los correos electrónicos que intercambiaban los inspectores con sus jefes, aunque estos han desautorizado las misivas a su paso por la Audiencia Nacional al señalar que contenían datos “muy básicos” o que solamente recogían “conjeturas”.

RESTOY Y SEGURA, EL MARTES

El martes será el turno de Julio Segura y Fernando Restoy, expresidente y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente, durante aquellos años. Ambos deberán dar cuenta del papel que jugó el supervisor de los mercados de valores en la salida a bolsa de la entidad, cuyo folleto aprobó.

La institución, al recibir el folleto de Bankia puso una serie de condiciones a la entidad, como que los inversores institucionales representaran un tramo relevante de la colocación, que iban más allá de lo habitual, como el propio Segura explicó en el Congreso. Él mismo defendió que la CNMV comprobó que el folleto contenía toda la información requerida por ley y que describía los riesgos posibles adecuadamente.

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