José Antonio Casaus, el exinspector de cabecera de Bankia, ha respaldado la tesis defendida por Deloitte y su socio Francisco Celma, ambos imputados en la causa penal que investiga la salida a bolsa de la entidad, durante sus defensas. El inspector ha explicado que ya en enero de 2012 Celma le comentó en una reunión que la entidad no le estaba entregando documentación necesaria para poder realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2011 de Bankia.
Durante el interrogatorio al que se le ha sometido como testigo de la causa, Casaus ha comentado que mantuvo en enero de 2012 junto con José Antonio Gracia, entonces su inmediato superior (jefe de grupo) una reunión con Celma, el socio de Deloitte encargado de la auditoría de Bankia del ejercicio 2011.
En esa reunión, el auditor les planteó tres cuestiones. En primer lugar, su "incertidumbre" respecto al impacto que tendría en su opinión sobre las cuentas de 2010 el real decreto ley que imponía mayores necesidades de capital y que sería aprobado poco después. A pesar de que esta norma llegaría semanas después, su contenido podría afectar a la opinión del auditor, como defendió Celma en sede judicial durante su defensa y ha confirmado Casaus.
La segunda cosa que el socio de Deloitte comentó a los representantes del Banco de España en esa reunión fue que desde Bankia "no le dan papeles" sobre cuestiones relevantes para la auditoría, como documentación sobre las tasaciones, según ha recordado Casaus refutando de nuevo la explicación que Celma dio en sede judicial.
Noticia relacionada
De acuerdo con Casaus, los "mayores impedimentos" para dar el visto bueno a la auditoría que manifestó el socio fueron la valoración de la participación de BFA en Bankia y los activos fiscales diferidos, que fue la tercera cuestión que les comentó Celma. "A nivel de Bankia, no le dieron más importancia, lo único que les parecieron excesivos los 400 millones de beneficio y dijo que un nivel menor parecería más confortable", ha recordado, para después añadir: "Calculaban que la pérdida esperada no cubriera 5.000 millones en el escenario base ni 8.000 millones en el adverso".
"Celma dice que no les han dado un solo papel del inmobiliario, por lo que se plantean poner una limitación al alcance", ha apuntando Casaus. Este extremo supone que el auditor manifiesta que tiene una restricción a aplicar el procedimiento de la auditoría. "Una limitación al alcance es un riesgo reputacional importante [para Bankia]. Lo normal es pensar: 'Por algo no le habrán dado los papeles'", ha reflexionado Casaus.
Durante su defensa, Celma explicó que no había podido firmar la auditoría de las cuentas de 2011 porque le faltaba información muy relevante y advirtió a los consejeros de la entidad de que esta circunstancia. "Toda la documentación pendiente impedía que hubiéramos hecho nuestro trabajo de campo”, dijo.
