Lo que Macron (y Sánchez) deberían aprender de Trudeau sobre el cambio climático
Juan Ramón Rallo
Los liberales se oponen, nos oponemos, frontalmente a los impuestos: constituyen una sustracción coactiva de la propiedad legítimamente adquirida por los ciudadanos. Sin embargo, existen dos tipos de impuestos que resultan bastante más difícilmente de atacar desde el paradigma liberal: los precios Lindahl y los impuestos pigouvianos.
Los precios Lindahl son sólo contribuciones obligatorias que han de efectuar todos los beneficiarios de los servicios suministrados por un bien público en proporción al beneficio marginal que extraen. Dado que los bienes públicos son, desde un punto de vista económico, aquellos que pueden consumirse ilimitadamente sin que se agoten y en los que, además, no es posible excluir a nadie (aunque no pague), los precios Lindahl constituyen una herramienta para lograr que quien se beneficie, pague (y que quien no se beneficie, no pague).
Los impuestos pigouvianos son sobrecostes que se imponen a los generadores de externalidades negativas para que las tomen en consideración. Si al actuar generamos un daño sobre unos terceros que, por una inadecuada definición de sus derechos de propiedad, son incapaces de bloquearlo (por ejemplo, al contaminar dañamos la salud y las propiedades de otros ciudadanos que no pueden impedir la generación de esa contaminación), entonces nos despreocuparemos de ese daño y tenderemos a provocarlo en mucha mayor medida. En cambio, si las personas hemos de tener en cuenta ese daño generado a terceros (vía la imposición de un coste monetario sobre las mismas), entonces modularemos correspondientemente nuestras acciones.
Los precios Lindahl y las subvenciones pigouvianas acarrean serios problemas de implantación (cómo obtener la información adecuada para conocer cuál es el distintivo beneficio marginal que cada ciudadano obtiene por un bien público o cuál es el coste social de las diferentes externalidades negativas generadas por cada ciudadano), pero desde un punto de vista ético son muchísimo menos atacables que los impuestos sobre el trabajo o sobre el capital. El Estado no busca apropiarse de algo que no le corresponde, sino que intenta que los individuos internalicen en sus acciones los auténticos costes y beneficios derivados de la interacción social: o dicho de otro modo, trata de evitar que haya parásitos que no paguen por lo que reciben o por el daño que provocan... Leer Más