- El Ejecutivo prepara el relevo de Trapero y ordenará a los Mossos el uso de la fuerza en escenarios de resistencia
La maquinaria del artículo 155 ya está funcionando a pleno rendimiento. En paralelo al trámite del Senado que arrancó este lunes con la designación de una comisión extraordinaria para debatir la aplicación de la medida constitucional, el Ejecutivo pule los detalles de su plan de intervención de la Generalitat. Una de las incógnitas que llena más quinielas es el nombre del responsable último de la gestión del Govern durante el período que dure la excepcionalidad en la autonomía. La otra, si una convocatoria de elecciones anticipadas por parte del president catalán, Carles Puigdemont, frena la aplicación de la norma.
A la primera incógnita tratan de responder varios medios. Señalan tres nombres principalmente: la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia y Sanidad, Rafael Català y Dolors Montserrat. 'El Confidencial Digital' asegura que será la número dos de Mariano Rajoy en Moncloa quien coordinará a los secretarios de Estado que van a asumir las competencias de la Generalitat y pactará con PSOE y Ciudadanos la composición del equipo de técnicos que viajará a Barcelona para restablecer la legalidad.
El Gobierno sólo rectificará si Puigdemont devuelve a Cataluña a la legalidad y renuncia a llevar al Parlament la Declaración Unilateral de Independencia
Sin embargo, 'Vozpópuli' señala al titular de Justicia como favorito para el cargo de 'mando único para Cataluña' una vez empiece a aplicarse el 155. También se baraja el nombre de la titular de la cartera de Sanidad debido a su origen catalán. Nada se desvelará hasta que la medida eche a andar, remata el medio.
¿QUÉ FRENA EL 155?
Y a estas alturas ya nada parece frenar la medida. Según 'El País', el Gobierno sólo rectificará si Puigdemont devuelve a Cataluña a la legalidad y renuncia a llevar al Parlament la Declaración Unilateral de Independencia.
A finales de semana, el Ejecutivo tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros para destituir y reemplazar a los cargos de la Generalitat. El reemplazo se hará efectivo el sábado, según ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por el momento no está claro si será una reunión extraordinaria o si la situación se abordará en el Consejo de Ministros ordinario. La opción que hasta hace pocos días se ha considerado como la vía para que el 155 quedara en suspenso, un adelanto electoral en Cataluña ya no convence en Moncloa y el Senado sólo optaría por modular la aplicación del artículo de la Carta Magna si Puigdemont vuelve al redil.
Por otra parte, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha admitido este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tendría que "darle la vuelta a la tortilla a todo lo que ha hecho y dicho en los últimos meses" para poder paralizar una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tras asegurar que "está a tiempo", ha expresado su deseo de que acuda con esa tesis al Senado esta semana.
"Ojalá lo haga porque está a tiempo. Entonces el Senado vería qué respuesta le da", ha manifestado Maroto, en línea con las declaraciones que realizó este lunes la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría asegurando que hasta el viernes las medidas se pueden "adaptar a las circunstancias".
Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, al ser preguntado si cree que el 155 ya es imparable y si ni siquiera lo frenaría una convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont.
CONTROL DE LOS MOSSOS
Pero ante la escasa probabilidad de que el president catalán dé su brazo a torcer, Moncloa se prepara para eventuales escenarios de resistencia pacífica. En tal caso, según explica 'La Vanguardia', tras asumir el mando de los Mossos d’Esquadra, ordenarán al cuerpo de policía autonómica que haga uso de la fuerza.
Preparan ya el relevo de José Luis Trapero como mayor de los Mossos y contemplan que las brigadas de intervención como la BRIMO o las ARRO hagan uso de la fuerza bruta en caso de que sea necesario. Paralelamente, el Ejecutivo no contempla retirar los 12.000 efectivos de Policía y Guardia Civil desplazados a Cataluña antes del 1-O, de hecho, podrían quedarse hasta el verano.
Explica 'El Confidencial' que no marcharían hasta que no se constituyera el nuevo Gobierno de la Generalitat con las elecciones que el Ejecutivo estatal ha prometido convocar en seis meses, como mínimo.
