La última Auditoría Pública de Radiotelevisión Española (RTVE) arroja una información demoledora en cuanto al uso del dinero público se refiere: sólo el 30% de los gastos sufragados con visa por los directivos de la cadena están debidamente justificados.
La Intervención General del Estado (IGAE) ha llevado a cabo un análisis de las prácticas que ocurrieron en 2013, último año en el que Leopoldo González-Echenique estuvo al frente de la sociedad.
Según reza el informe, “de los 224 gastos analizados, 69 (el 30,80%) se considera que aportan suficiente información para entrar a formar parte de los casos que justifican el uso de la tarjeta de crédito, aunque no se señale en muchos de ellos el motivo del gasto en los certificados de conformidad correspondientes”.
En 97 de los cargos consultados, que suponen el 43,30%, la información “resulta claramente insuficiente, faltando incluso en ocasiones el documento justificativo del gasto”, como informa El Confidencial.
Además de esto, “en 58 gastos la documentación aparte de no indicarse el motivo del gasto, no se proporciona información detallada acerca de otros aspectos que pudieran facilitar la inclusión de estos gastos dentro del ámbito objetivo delimitado por el artículo 4º de la Instrucción”.
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LA INSTRUCCIÓN Y LA NORMATIVA
El artículo 4º de la citada Instrucción, establece que “la tarjeta de crédito se utilizará exclusivamente por razón del cargo y durante el desempeño del mismo para atender obligaciones que impliquen el pago al contado de comidas de trabajo y relaciones externas, así como gastos relacionados con viajes en comisión de servicio”.
La normativa de la Corporación también especifica que sólo podrán disponer de tarjetas con cargo a las cuentas los directivos que formen parte del Comité de Dirección y otros que tengan el nivel A. Según la auditoría, este Comité tiene 7 miembros.
En el artículo 2º de la normativa dice que “podrán ser expedidas esta clase de tarjetas, previa autorización del miembro del Comité de Dirección correspondiente, a aquellos otros directivos que, no figurando incluidos en el apartado anterior, realicen funciones comerciales, publicitarias o de amplio ámbito relacional”. De 9 de los 22 empleados a los que se ha auditado no pertenecen al Comité de Dirección, pero sí tienen autorización de este.
Esta denuncia de la IGAE no es la primera, ya que en 2012, el organismo advertía que “de los 95 gastos originados por comidas de trabajos y estancias en hoteles analizados, 25 (el 26,32%) no parecen cumplir el principio de austeridad en el gasto público”.
Sin embargo, esta denuncia se ha quedado sólo en recomendación, y explica que “en lo sucesivo, se especifique en todos los casos el motivo del gasto en el certificado de conformidad”.
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