El independentismo le sigue dando vueltas a la excarcelación de los presos durante el confinamiento, dado que el endurecimiento de las medidas puede llevar a que el Covid-19 tenga serios efectos en las prisiones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La advertencia del Tribunal Supremo al Govern catalán sobre la posible comisión de un delito de prevaricación en caso de enviarlos a casa ha airado tanto a JxCat como a ERC, y desde ambos partidos se ha rechazado la injerencia del alto tribunal. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ido un paso más allá y ha reanudado su guerra contra la Justicia española, escalando esta nueva pugna, así, junto al resto de europarlamentarios junteros y republicanos ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la "amenaza".
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Esta semana, la consellera de Justicia, Ester Capella, dio instrucciones a las juntas de tratamiento de las cárceles para que estudien si la ley permite que los reclusos acogidos al artículo 100.2 del reglamento penitenciario puedan permanecer en sus domicilios durante el estado de alarma, como sucede con parte de los que están en tercer grado. No fue el único movimiento de los líderes catalanes condenados. Las defensas del expresident de la Generalitat, Oriol Junqeras, y del exconseller, Raül Romeva, buscan en el estado de alarma la manera de que se suspenda su condena. El Gobierno les ha dejado también una puerta abierta al reanudar los procesos de indulto, un extremo que los políticos presos siempre han rechazado, al implicar un reconocimiento de los delitos por los que se les condenó en el Tribunal Supremo.
Esta actividad ha provocado que el tribunal que juzgó a los políticos del 1-O. avisara de que la excarcelación de los líderes independentistas por la crisis sanitaria podría enmarcarse en un delito de prevaricación. En una nota remitida por su gabinete de prensa, el alto tribunal señaló que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del 'procès' acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, ese órgano se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. "Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales", añade la nota.
La reacción de los junteros y republicanos no se hizo esperar. JxCat criticó con contundencia el gesto y señaló que "es una amenaza intolerable que demuestra que la represión continúa en plena crisis por el coronavirus". Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCat, Antoni Comín y Clara Ponsatí, han dirigido una pregunta por escrito a la Comisión Europea para plantearle si esta "declaración amenazadora" del Supremo "contraviene" los principios de no discriminación por razones ideológicas, imparcialidad e igualdad ante la ley.
En la carta, los eurodiputados de JxCat preguntan a la CE si considera que este aviso del Supremo contraviene el artículo 2 del Tratado de la UE sobre la "no discriminación por motivos ideológicos y con los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley". "En un país con una justicia normal, un tribunal de máxima instancia no amenazaría a funcionarios a través de mensajes de whatsapp enviados a la prensa. El franquismo judicial está desbocado", ha denunciado la exconsellera desde Twitter.
Por su parte, la eurodiputada de ERC Diana Riba ha pedido al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que investigue por qué el Tribunal Supremo español ha "amenazado" a las Juntas de Prisiones de Cataluña. Riba ha enviado una carta al comisario de la UE y otra a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que solicita a ambos que inicien una investigación sobre la forma de actuar del Tribunal Supremo de España.
ERC desea que la UE y Naciones Unidas investiguen "la base legal" que puede tener esta advertencia del Supremo y si representa "una violación de la separación de poderes, una amenaza para los servidores públicos de la Junta de Prisiones y un trato discriminatorio".
En sus cartas, Riba recuerda que los presos independentistas disponen de un permiso para trabajar fuera de las cárceles y afirma que la Alta Comisionada de Naciones Unidas ha pedido a todos los gobiernos que durante la pandemia pongan en libertad a "los delincuentes de bajo riesgo, a los reclusos con permisos de trabajo, así como -ha dicho- a los presos políticos".
Hace pocos días, el Consejo de Europa pidió a los Estados miembros de la UE alternativas a la privación de libertad para paliar los efectos del coronavirus en prisión. En concreto, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) ha citado la "conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional".
