- La querella incluye a tanto al jugador como a su padre, así como a Bartomeu, el presidente del Santos, el expresidente Sandro Rosell y el propio club Barcelona
El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido este miércoles admitir a trámite una nueva querella contra el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y contra el futbolista brasileño Neymar Junior en las que se les acusa de corrupción y estafa.
En base a estas informaciones, publicadas por Cadena SER, la querella ha sido presentada por el fondo brasileño DIS -la firma que poseía los derechos federativos del futbolista- e incluye tanto al jugador como a su padre, así como a Bartomeu, el presidente del Santos, el expresidente Sandro Rosell y el propio club Barcelona.
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La firma DIS ha asegurado en la denuncia que las partes implicadas en la querella aprovecharon la simulación contractual con el futbolista para estafar un total de 40 millones de euros.
JUICIO ORAL POR EL FICHAJE DE NEYMAR
Esta no es la única causa a la que se enfrentan tanto el Barcelona como sus directivos por el caso Neymar
Esta no es la única causa a la que se enfrentan tanto el Barcelona como sus directivos por el caso Neymar, ya que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió el pasado 13 de mayo abrir juicio oral por las irregularidades que se produjeron durante el traspaso del futbolista.
La Fiscalía pide para este caso que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el club como persona jurídica abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.
El fiscal José Perals atribuye a Bartomeu un delito fiscal supuestamente cometido en 2014 y pide para él una multa de 3,8 millones de euros, mientras que acusa a Rosell de dos delitos fiscales cometidos en los años 2011 y 2013 --por los que pide sendas multas que ascienden a 25,1 millones-- así como un delito societario.
Al Barça como persona jurídica le imputa los tres delitos contra la Hacienda Pública atribuidos a sus dirigentes y reclama que pague multas por valor de 22,2 millones de euros, a razón de 4,8 por lo que dejó de tributar en 2011; 13,5 por los impagos correspondientes a 2013; y 3,8 por los relativos al ejercicio fiscal de 2014.
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