La casta política española bloquea la liberalización de la estiba

Nuestros gobernantes, en contra de lo que hipócritamente gustan de repetir, no son “servidores públicos” preocupados por impulsar una agenda reformista compatible con su concepción sincera del bien común: son máquinas de poder que trafican torticeramente con las libertades y las haciendas de los españoles con el único propósito de consolidar y ampliar las prebendas de las que disfrutan.

En este sentido, el comportamiento de los cuatro partidos mayoritarios a propósito de la fallida liberalización de la estiba pone perfectamente de manifiesto cómo incluso aquellas reformas tan de sentido común como para que incluso vengan apremiadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el mismo que el de las cláusulas suelo, no lo olvidemos) se vean frenadas por los sectarios intereses de las distintas formaciones políticas.

Empecemos por el Partido Popular: en teoría el partido “responsable” que, en este caso, está trata de acabar con los injustificadísimos privilegios legales de los estibadores y, en consecuencia, de acatar la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Ha obrado bien el PP? En absoluto: la filosofía rajoyana de los populares siempre ha sido la de “no querer líos”, de ahí que declinaran liberalizar la estiba motu proprio cuando tenían todo el poder de hacerlo, esto es, en cualquier momento entre 2012 y 2015 merced a su holgadísima mayoría absoluta. No fue hasta que Bruselas instó al gobierno del PP a liberalizar la estiba cuando los populares, a regañadientes y tratando de retrasar todo lo posible la medida, dieron su brazo a torcer. Si, según nos vende ahora el Gobierno, liberalizar la estiba es una medida positiva y justa para la economía española —y lo es—, ¿por qué esperaron a que Bruselas exigiera aplicarla? ¿Por qué no eliminaron los privilegios de los estibadores desde el primer momento en que tuvieron la oportunidad?... Leer Más