La Audiencia Nacional ha confirmado que juzgará al extesorero del PP Luis Bárcenas y al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, al apreciar indicios nítidos de delito. Bárcenas se enfrenta a una petición de 125 años de prisión y Correa de 42 años.
Según informa Europa Press, la sección cuarta de la sala de lo penal han rechazado los recursos de apelación presentados por 24 acusados en el caso Gürtel, entre ellos Bárcenas y Correa, contra el auto que el juez Pablo Ruz dictó el pasado 8 de mayo. En este escrito, el magistrado pedía sentar en el banquillo a 42 personas por las actividades de la llamada “primera época” de la trama Gürtel, entre 1999 y 2005.
El tribunal ha rechazado las alegaciones del extesorero debido a que existen suficientes “indicios” de su participación en delitos de corrupción y que “falta justificación” sobre la procedencia de los 48 millones de euros que llegó a acumular en sus cuentas suizas. Los magistrados cuestionan la compraventa de obras de arte con la que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, intentaron justificar el origen de medio millón de euros.
También tienen sospechas sobre las operaciones que Bárcenas llevó a cabo a través de la empresa de exportación de limones La Moraleja, propiedad del extesorero popular Ángel Sanchis, para desviar tres millones de euros, ante “la falta de datos acerca de su existencia en el mundo real”.
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CORREA Y LAS ADJUDICACIONES AMAÑADAS
En el caso de Francisco Correa, los jueces ven “nítidos” y “fuertes” indicios de delito contra él. Por esta razón, consideran acreditada su “implicación en la organización delictiva que dirigió, compuesta por un entramado de empresas que controlaba en la sombra, a pesar de no figurar bajo su titularidad”.
Correa se dedicaba a la "obtención de favores y adjudicaciones amañadas"
El líder de la trama corrupta se dedicaba presuntamente a “la obtención de favores y adjudicaciones amañadas, cuyas comisiones irregulares repartía para obtener la fidelización de las personas implicadas, llevando una contabilidad paralela para evitar las cargas fiscales y un sistema de facturación falsa para ocultar o disimular las operaciones reales”.
También se sentarán en el banquillo de los acusados el extesorero popular Álvaro Lapuerta y el presidente de Sufi, filial de Sacyr, Rafael Naranjo. Estos dos acusados argumentaron una “enfermedad sobrevenida” para evitar su paso por los tribunales.
El juez Pablo Ruz dictará el auto de apertura de juicio oral cuando se resuelvan los recursos pendientes. En su auto, ha imputado a los 42 acusados los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
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