El president de la Generalitat, Quim torra, mantiene el pulso con la Junta Electoral Central (JEC). Rebasado el plazo dado por el organismo para que el Govern catalán retire lazos amarillos y banderas 'esteladas' de edificios públicos, se reafirma en su negativa a acatar su dictamen y esgrime el argumento de la libertad de expresión. Pero defenderse ante lo que él considera como una "nueva vulneración de este derecho por el Estado" puede salirle muy caro. Tanto, como acabar inhabilitado.
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Es el turno ahora, de nuevo, de Ciudadanos. La formación que elevó el uso de simbología independentista durante la campaña electoral al máximo árbitro de los procesos electorales, ha explicado que han denunciado a Torra ante la JEC y este viernes han pedido actuaciones penales. La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha presentado este viernes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya un escrito en el que alerta del "incumplimiento" de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
Como avanzó Bolsamanía el miércoles, Ciudadanos ha elevado la causa a la justicia ordinaria por un presunto delito de desobediencia, con el precedente de la exalcaldesa de Berga (Barcelona) Montse Venturós. Por un hecho similar, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
El expresident catalán, Carles Puigdemont, autoexiliado en Waterloo, ya avanzó a inicios de semana los derroteros que podía llegar a tomar este caso. "Espero que no estén tratando de construir un caso de desobediencia contra Torra", dijo, en declaraciones a Rac1. Además, tanto el jefe del Ejecutivo autonómico como otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros, en concepto de sanciones por infracción electoral. Una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia, precisamente el mismo por el que están siendo juzgados los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo -además de por sedición y malversación-, y que llevaría a la suspensión del líder autonómico en sus funciones.
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"La decisión que tome el árbitro de los procesos electorales irá en función del grado de conflictividad al que se quieran exponer", explica Ernesto Pascual, profesor de derecho de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Fuentes de la JEC, consultadas por Europa Press, admiten que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.
De entrada, el primer señalado es el president Torra, que aparece citado expresamente en la resolución de la entidad porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito. Y sigue asumiendo la responsabilidad porque en una carta remitida a la institución el miércoles, rebate los argumentos empleados por órgano superior de la Administración Electoral en España. No obstante, no ha tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo, sino que simplemente ha pedido al órgano que reconsidere su resolución.
“La prohibición implica el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”, ha defendido Torra y ha añadido que "la resolución de la JEC, lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública”.
NEUTRALIDAD TAMBIÉN EN LOS AYUNTAMIENTOS
La orden del árbitro electoral atiende a una petición registrada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos. En consecuencia, el máximo órgano arbitral del procedimiento electoral "hizo valer el principio de de "neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril", explica Pascual.
La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció el martes la presentación de recursos similares al que motivó esta orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos del Gobierno catalán, esta vez ante las juntas de zona, para que obliguen también a los ayuntamientos a "permanecer neutrales".
Es el caso, por ejemplo, del consistorio de Barcelona, que en solidaridad con los políticos presos y exhibía, hasta este jueves, un gran lazo amarillo. La Junta Electoral de Barcelona ha ordenado a la alcaldesa Ada Colau la retirada de dicho emblema en un plazo de 12 horas en virtud del mantenimiento de una estricta neutralidad política en periodo electoral y la primera edil barcelona ha acatado el requerimiento.
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