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Aragonès i TorraEUROPA PRESS

La polémica en torno a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en el enésimo conflicto entre los independentistas y el Estado. Pero el Parlament de Cataluña queda exento, por el momento, de acatar el mandato ya que el texto del árbitro de los procesos electorales "no le afecta", explican fuentes parlamentarias a Bolsamanía.

El President de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido exponerse a un delito de desobediencia al negarse a suprimir los símbolos soberanistas, pero auque acabara por retirarlos, no se evitará la foto de los escaños vacíos en la Cámara Catalana coronados por grandes lazos amarillos. Esta expresión de apoyo a los presos del 'procés' por parte de los diputados secesionistas se mantendrá durante toda la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril, ya que el requerimiento sólo apela a los edificios de la Generalitat.

Si bien es cierto que el organismo legislativo es uno de los tres que componen la Generalitat, junto a la Presidència y el Consell de Govern, los escaños no se contemplan en el requerimiento de la Junta Electoral. Por lo tanto, "los diputados pueden hacer lo que consideren", señalan fuentes parlamentarias a este medio, ya que "es el Govern quien tiene la obligación de cumplir el mandato de la JEC", aclaran.

Como ya expresó la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, la respuesta del Ejecutivo de Torra será "combatir" la demanda. Por lo que sólo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses. alternativa que, por el momento, no ha adoptado. En cambio, ha enviado este miércoles un escrito a la JEC en el que rebate los argumentos empleados por órgano superior de la Administración Electoral en España.

“La prohibición implica el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”, ha defendido Torra y ha añadido que "la resolución de la JEC, lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública”.

Así, el Govern opta por la vía de la desobediencia y se arriesga a multas de 300 a 3.000 euros. Se expone, incluso, a una denuncia por el delito de desobediencia en Fiscalía, precisamente el mismo por el que están siendo juzgados los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo -además de por sedición y malversación-.

CIUDADANOS NO SE QUEDARÁ DE BRAZOS CRUZADOS

Mientras tanto, Ciudadanos amenaza con más actuaciones e instarán "a la JEC y a los tribunales, si hace falta, para que inicien las acciones que deban hasta que se cumpla la ley, porque Cataluña no es un territorio al margen de la vigencia de las leyes", ha asegurado el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. "Estamos esperando verle salir al Palau de la Generalitat y descolgar la pancarta que tiene luciendo en la plaza Sant Jaume", ha declarado a los periodistas.

La orden de la JEC atiende a una petición registrada por este partido, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos. En consecuencia, el máximo órgano arbitral del procedimiento electoral ha hecho valer el principio de de "neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril", explica el profesor de derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual a Bolsamanía.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció el martes la presentación de recursos similares al que motivó esta orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos del Gobierno catalán, esta vez ante las juntas de zona, para que obliguen también a los ayuntamientos a "permanecer neutrales". Es el caso, por ejemplo, del consistorio de Barcelona, que se ha solidarizado con los políticos presos y exhibe un gran lazo amarillo.

Acabado el palzo de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las Juntas Electorales Provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y notificar los incumplimientos en cada edificio.

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