Tres de cada cuatro propietarios españoles (el 76,8%) no reclaman una garantía extra por arrendar sus viviendas, únicamente piden el mes de fianza, mientras que el 20,8% exigen, además, un depósito equivalente a un mes de renta y en el 2,4% de los casos la garantía llega a los dos o más meses extra, según un estudio realizado por idealista.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige el adelanto de un mes como fianza, sin embargo, permite que ambas partes fijen otras garantías adicionales para asegurar el cumplimiento del contrato.
El estudio realiza un análisis por capitales y refleja que en un total de 15, más del 90% de los propietarios pide un solo mes de fianza, siendo Ciudad Real donde se alcanza el mayor porcentaje, 97,1%. Superando el 95%, se encuentran las capitales de Jaén (95,4%), Salamanca (95,2%) y Granada (95%). A estas capitales les siguen Cáceres (94,6%), Córdoba (94,4%), Cádiz (94,3%), Santander (93,8%), Lleida (93,1%), Sevilla (92,8%), Ourense (92,5%), Badajoz (92,5%), Albacete (92,2%), Lugo (91%) y Cuenca (90,6%).
La Ley de Arrendamientos Urbanos exige el adelanto de un mes como fianza, pero permite que ambas partes fijen garantías adicionales
Entre las ciudades en las que más propietarios piden un depósito de un mes adicional se encuentran Barcelona (36,8%), Vitoria (33,3%), Pamplona (29,6%) y Palma (28,5%). En Madrid, el 23% de las ofertas de alquiler exigen esa garantía. Exigir dos o más meses como depósito no es tan común, sin embargo se pueden ver en ciudades como Vitoria (5,8%), Palma (5%), San Sebastián (4,4%), Madrid (3,8%), Soria (3,6%) y Barcelona (3,5%).
El jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, ha asegurado que los datos reflejan cómo los propietarios quieren reducir al máximo los riesgos que asume. En España no se exigen requisitos adicionales y la relación entre propietario e inquilinos "está equilibrada", ha añadido.
"El hecho de que los mercados en los que la oferta es menor que la demanda sean los que más garantías exigen al inquilino demuestra esta aversión al riesgo y sirve de aviso de lo que sucedería en el caso de que desde las Administraciones se merme aún más la seguridad de los arrendadores: buscarían la forma de proteger sus bienes o, de no ser posible, los pondrían en venta, lo que reduciría aún más la oferta disponible y aumentaría significativamente los precios”, añade Encinar.
