Nuevo juicio de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) en la Audiencia Nacional. Después de los sobresueldos de la cúpula directiva y créditos a sus familiares (del que fueron absueltos), de las dietas irregulares y de la falsificación contable (de los que fueron condenados), ahora la Audiencia Nacional juzga sus supuestas operaciones en paraísos fiscales, con una estructura muy similar a la de los 'papeles de Panamá'.
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Este caso, conocido como Valfensal por el nombre de la empresa a través de la que supuestamente se cometieron los delitos, consiste en una serie de operaciones irregulares llevadas a cabo en el Caribe por la CAM (que poseía el 30% de Valfensal) y dos empresarios de Benidorm, Juan Ferri y José Baldó. Estas operaciones consistieron en adquisiciones de hoteles y terrenos en México y República Dominicana (sí, una caja regional de Alicante se lanzó a la conquista del Caribe), que estuvieron plagadas de irregularidades.
La principal, la concesión y refinanciación de los créditos con que se realizaron (sí, la CAM daba crédito a una empresa participada por la CAM, eso era el pan nuestro de cada día durante la burbuja), sin ningún control de riesgo ni garantía. Pero la Fiscalía ha detectado cosas peores, como el cobro de comisiones o la ocultación de dinero en paraísos fiscales mediante entramados societarios, en una operativas típica de los 'papeles de Panamá'.
Esta consiste en crear unas sociedades 'pantalla' para poner a su nombre los activos y ocultar su verdadero propietario (en este caso, Valfensal) porque los paraísos fiscales no lo revelan. De esta forma, los beneficios generados por dichos activos en el futuro quedarían fuera del radar de Hacienda, que no podría acceder al nombre de su propietario.
En este caso, la Fiscalía acusa a los empresarios y a la CAM de montar una estructura con empresas pantalla en Panamá, las Islas Vírgenes y las Antillas Holandesas, que recibiría créditos de la CAM por más de 200 millones de euros con los que adquirir esos inmuebles en el Caribe para a continuación desviar los fondos procedentes de la facturación de esos negocios para evitar el pago de impuestos. El delito fiscal que se les imputa asciende a 11,6 millones.
LA FISCALÍA SOLO LES ACUSA DE DELITO FISCAL
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A pesar de que esta causa provocó que Ferri, Baldó y los exdirectivos de la CAM Roberto López-Abad, Juan Ramón Avilés y Daniel Gil ingresaran en prisión y salieran bajo fianza en 2013, el fiscal es el único delito del que la Fiscalía les acusa. Por el contrario, considera que no hubo delitos de apropiación indebida ni de administración desleal porque no hubo perjuicio a la entidad, ya que los empresarios devolvieron el dinero que se les reclamaba por parte del Sabadell (comprador de la CAM por un euro en 2011) y del Fondo de Garantía de Depósitos (que la recapitalizó con 5.300 millones y otorgó al Sabadell garantías contra pérdidas por un máximo de 16.000 millones).
Sin embargo, el FGD recurrió la decisión inicial de la jueza Carmen Lamela de archivar la causa en diciembre de 2017 al considerar que había sufrido un perjuicio de 28 millones. La Sala le dio la razón y este lunes comenzó la vista oral. Y nueva sorpresa: el FGD se sumó a los criterios de la Fiscalía y retiró su acusación contra los miembros de la comisión de control de la CAM. Asimismo, Ferri y Baldó alcanzaron un acuerdo para devolver 12 millones y ser condenados a dos años de prisión por tres delitos fiscales, con lo que no entrarán en la cárcel.
Con estas novedades, los únicos acusados son López-Abad y Gil, para los que el fiscal pide cuatro años de prisión. La vista se ha aplazado hasta el 17 de septiembre.
