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El nuevo juez encargado del caso Popular, José Luis Calama Teixeira, ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que entregue una copia del expediente sancionador que abrió a Popular por las cuentas de 2016. Lo hace después de que lo solicitara el fondo Algebris y que el fiscal haya emitido un informe favorable a esta propuesta, de acuerdo con la providencia, a la que ha tenido acceso Bolsamanía.

El magistrado quiere sumar a la causa penal que investiga los últimos años de Popular como entidad independiente el expediente sancionador que el supervisor abrió al banco por sus cuentas de 2016 al considerar que incluían "datos inexactos o no veraces", lo que constituye una infracción muy grave.

La CNMV abrió este expediente el pasado mes de octubre contra la entidad, sus consejeros ejecutivos, los miembros de la comisión de auditoría y su director financiero en el momento. Por aquel entonces, los consejeros ejecutivos de Popular eran su entonces presidente, Ángel Ron, y el penúltimo consejero delegado del banco, Pedro Larena, mientras que el director financiero de la entidad aquel año era Javier Moreno.

No obstante, la misma CNMV decidió suspender el expediente al encontrarse el tema judicializado, de forma que se encuentra paralizado a la espera de que se produzca un pronunciamiento judicial. El expediente se refiere a las cuentas del ejercicio 2016 que fueron reexpresadas, evento que se comunicó a la CNMV el 3 de abril de 2017, tres meses antes de la resolución. Popular había presentado al mercado unos resultados con pérdidas de 3.485 millones de euros.

El juez también ha requerido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que remita una copia de los expedientes sancionadores incoados a PwC y a su socio Pedro Barrio Luis. Aunque la firma encargada de la auditoría de Popular realizó este trabajo durante sus últimas décadas como entidad independiente, el expediente que tiene abierto se refiere solamente a las cuentas del ejercicio 2016.

El juez responde así a una petición efectuada por el fondo Algebris, que junto a Anchorage pidió a la Audiencia Nacional que se investigara con carácter urgente la presunta financiación ilegal de la entidad a empresas mediante sociedades pantalla creadas en Luxemburgo. Estas firmas temían que, al estar siendo estas empresas "disueltas y liquidadas", existe un "riesgo de destrucción de documentos relacionados con estos graves hechos".

UNA PETICIÓN DE ÁNGEL RON

Por otra parte, el juez ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe en relación con la pertinencia de que se entregue a los peritos encargados de la investigación determinada documentación relacionada con el caso. Hace tan solo unos días, la defensa del expresidente de Popular Ángel Ron solicitó al magistrado que entregara a los inspectores sus alegaciones en relación con los ajustes contables que la entidad realizó a las cuentas de 2016 y de las que informó al mercado el 3 de abril de 2017. En ellos se basa, precisamente, el expediente sancionador abierto por la CNMV.

La defensa de Ron remitió al juez informes realizados tanto por PwC como por EY sobre los resultados del ejercicio 2016 en los que se desacreditaban las dudas que la CNMV manifestó en relación con la valoración del fondo de comercio y los activos fiscales diferidos correspondientes a ese ejercicio, en el que Popular registró unas pérdidas récord hasta el momento.

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