El Gobierno entró en Moncloa con ganas de cambiar las cosas, pero se ha encontrado con algunas piedras en el camino. Uno de los primeros anuncios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez fue crear un impuesto específico para el sector bancario con el objetivo de aumentar los ingresos del sistema y poder financiar las pensiones. El sector financiero, como era de esperar, no está muy de acuerdo con este planteamiento.
Los primeros ejecutivos de los principales bancos aprovecharon las presentaciones de los resultados trimestrales para dejar clara su opinión. Dijeron de la nueva tasa, de la que el Gobierno aún no ha concretado nada, que es “discriminatoria”, que no tendría sentido y que distorsionaría la competencia.
Y alguno fue más allá. En concreto, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez. El número dos de Ana Botín en el banco advirtió de que un nuevo impuesto podría llevar a los bancos “a no ser tan multinacionales o a pensar su estructura legal”. Su homólogo en Bankia, José Sevilla, alertó de que más carga fiscal perjudicaría a su cotización en bolsa, que no pasa por su mejor momento y cuyo precio es clave para la desinversión del 61% que aún ostenta el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Las quejas de la banca para que este impuesto, que el Gobierno quiere implantar para 2019, no llegue a buen puerto no solamente han tenido lugar en público. El Ejecutivo ha recibido presiones por parte del sector bancario para que el impuesto no llegue a incorporarse al sistema fiscal, según fuentes conocedoras.
Como contaba el martes Expansión, Sánchez se ha reunido recientemente con Ana Botín, presidenta de Santander, así como con sus homólogos en Telefónica (José María Álvarez-Pallete), Endesa (Borja Prado), Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán) y ACS (Florentino Pérez). También lo ha hecho con Isidre Fainé. Estos empresarios han pedido a Sánchez, de acuerdo con el diario, que no suba los impuestos.
EL PNV QUIERE ‘SALVAR’ A KUTXA
Al Gobierno le está costando sacar adelante este impuesto, como demuestra el hecho de que el Ejecutivo aún no ha concretado su diseño. Aunque aún no ha explicado a la opinión pública en qué consistirá la nueva figura impositiva, sí se ha reunido con los bancos para plantearles, entre otras ideas, incrementar la tasa de depósitos dejando exentos los primeros 20.000 millones de euros.
Esta propuesta beneficiaría a la banca mediana frente a la grande, algo en lo que tiene interés el PNV. El Ejecutivo, que tendrá que tirar de “aritmética parlamentaria” cada vez que quiera aprobar una iniciativa parlamentaria, necesita apoyos en el Congreso, entre los que el del PNV es clave, como lo fue para que prosperara la moción de censura lanzada por Sánchez contra Mariano Rajoy.
Para la creación del impuesto a la banca, el Gobierno por el momento solo cuenta con el voto favorable de Podemos. PP y Ciudadanos se han mostrado contrarios a esta nueva figura impositiva, mientras que el resto de grupos parlamentarios no ha dado a conocer públicamente su posición. El PNV, en todo caso, busca que el impuesto perjudique lo mínimo posible a Kutxabank, por lo que pidió al Gobierno que dejara fuera del impuesto a las entidades pequeñas y medianas.
