Un Real Decreto con el que tratar de poner orden a buena parte de los frentes abiertos en el sector energético. Uno de ellos, la especulación en el segmento de las renovables, en concreto, en los accesos a la red de electricidad. Unos permisos para conectarse a la red que llevan meses siendo un problema no sólo para el Ejecutivo, también para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y para el propio gestor de la Red Eléctrica.
El Gobierno ha puesto coto a esta especulación con un texto aprobado este martes en que asume el alto grado de especulación y que buena parte de los inversores carecía de un proyecto industrial en su bagaje.
En la actualidad, explica el Ministerio encabezado por Teresa Ribera, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas. Los motivos: la escasa madurez de los proyectos. También “el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%”.
LAS EXIGENCIAS
Para evitarlo, los inversores tendrán que cumplir una serie de criterios, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado el derecho de acceso y que estarán obligados a acreditar. Por ejemplo, deberán contar con una declaración de impacto ambiental favorable y una autorización administrativa de construcción en tiempo y forma. Si no lo consiguen, los permisos caducarán y, si procede, se ejecutarán los avales que tuvieron que presentar para solicitar la autorización. Además, según indica el Ministerio, el último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse de conseguir el primer requisito.
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Y no se van a haber más solicitudes de acceso, al menos por un tiempo. En concreto, “no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos” para engancharse a la red. De esta manera, indica el Ejecutivo, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa. Y para ello, tanto el Gobierno como la CNMC tiene que tener lista la nueva regulación en tres meses.
“El objetivo es eliminar la burbuja”, reconoció Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica tras el Consejo de Ministros. También, garantizar que los proyectos son firmes y no pura especulación, porque estos no conllevan la creación de empleo. Según su Ministerio, con este nuevo cambio en la regulación se podrán generar entre 107.000 y 135.000 empleos en una década y atraer 90.000 millones de inversión. Hay que recordar que con la Ley de Cambio Climático ya se esperaba crear hasta 350.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
