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Todos los sectores económicos catalanes tratan de esconder su nerviosismo por el alcance de las protestas y boicots orquestados desde las entidades y movimientos independentistas, en respuesta a la condena de los líderes del ‘procés’. Piden calma, reclaman reconducir el conflicto hacia la vía política y confían en que la aparente descoordinación de los diferentes actores de la sociedad civil independentista desanime a los ciudadanos a seguir sus convocatorias.

Sin embargo, la tensión se palpa en el tejido productivo catalán, que asume que le espera dos o tres semanas de acciones de alta-media intensidad. Sostiene, sin embargo, que una vez arranque la campaña electoral del 10 de noviembre, las acciones reivindicativas se irán apagando y la sociedad canalizará su “rabia” en las urnas.

Pero más de medio mes de manifestaciones y disturbios tiene el potencial de dejar un impacto en la economía catalana que el empresariado reconoce que en estos momentos es difícil de calcular y teme que se amplifique por el galopante deterioro económico, recogido en la rebaja del PIB del Gobierno. Cuando los estragos del 1-O no se han revertido por completo, con más de 4.500 empresas cuya sede se mantiene fuera de la región y con un lento resurgir de operaciones empresariales, las compañías catalanas lamentan la profunda “incertidumbre” que provocan las movilizaciones.

Por ejemplo, la ocupación de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona del lunes canceló apenas un 10% de los vuelos previstos para ese día, pero algunas fuentes en contacto con los consejos de dirección de empresas catalanas que cotizan en el Mercado Contínuo refieren “cuestiones de imagen” ante los inversores internacionales o citan el turismo. Otros empresarios que han preferido permanecer en el anonimato condenan la falta de objetivos de las protestas más allá de “distorsionar, desestabilizar a la sociedad y la economía” y las califican de “el ruido por el ruido”.

En definitiva, el hecho de que Tsunami Democràtic haya colocado las infraestructuras en el punto de mira despierta “gran preocupación por la tensión que se generará en los próximos días a causa de estos grupos que viven en un estado permanente de confrontación de la sociedad catalana", manifiesta Carlos Rivadulla, presidente de Empresaris de Catalunya. Otras fuentes califican los cortes de carreteras, vías de tren y la toma de puertos y aeropuertos de “violencia”, mientras las patronales y ‘think thanks’ rechazan acciones que "paralicen" la actividad.

En estos términos se ha expresado el Cercle de Economia que preside Javier Faus, que mediante un comunicado ha asegurado que“siempre estará en contra de posiciones que promuevan la desobediencia o la paralización de la actividad económica”. Otras patronales y sindicatos también se han desmarcado de las actuaciones que algunos agentes económicos califican de “tiro en el pie” y, en general, han coincidido en su rechazo a la aparente “honkonización” del activismo independentista, ya que su radicalización de las últimas semanas busca emular las protestas que se viven en la ciudad autónoma asiática desde hace algunos meses.

Ni siquiera la Cambra de Comerç ha cerrado filas con el paro de país que ha convocado la Intersindical para este viernes, 18 de octubre. El sindicato soberanista espera una gran movilización y pide un cierre patronal a los empresarios que la entidad presidida por Joan Canadell y fin a la ANC “no apoyará”, según ha manifestado el mismo Canadell.

Este desacople entre las entidades tradicionales del soberanismo como ANC y Òmnium Cultural y otros actores y movimientos, como el recientemente surgido Tsunami Democràtic, lleva a pensar a fuentes empresariales de alto nivel y sectores afines a PP, PSOE y Ciudadanos a que octubre, aunque “duro", es el canto del cisne del independentismo. A pesar de que amenazan con una larga época de movilizaciones, “pasadas estas dos semanas y una vez se celebren las elecciones del 10 de noviembre, quedará constancia de que el 'procés' soberanista está muerto", aseveran.

VÍA POLÍTICA

Pero los agentes económicos son conscientes de que se debe hallar una solución para Cataluña que ponga fin a su conflicto. En este sentido, el Cercle de Economia expone que la sentencia puede ser el “punto de inflexión a partir del cual la política ha de asumir su papel insustituible en la reconducción de la crisis”. La entidad subraya que siempre “se ha comprometido a favor de una salida política basada en el diálogo, siempre dentro de la legalidad y en defensa del autogobierno de Catalunya”.

La federación estatal de CC.OO. ha destacado, mediante otro comunicado, que “hace falta ‘Política’ con mayúsculas: el Código Penal no resolverá lo que la política ha sido incapaz de canalizar”. La CEOE también ha señalado que “los empresarios españoles esperan y confían en que tras esta decisión judicial se abra en España una nueva etapa de estabilidad democrática”.

"La ciudadanía quiere calma", expresa un diputado a Bolsamanía, quien dibuja, al igual que otros sectores, un futuro en el que ERC seguirá caminando hacia el diálogo y que desembocará, en última instancia, en un pacto con el PSC en unas futuras elecciones catalanas que varias fuentes ubican en la próxima primavera.

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