La sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés soberanista marca, para unos, el final de un camino judicial y de movilizaciones que arrancó en otoño de 2017, con las protestas del 20 de septiembre y el referéndum del 1 de octubre. Para otros, en cambio, es el inicio de un nuevo proceso que incluye más acciones ciudadanas y una nueva batalla legal y política por la amnistía o indulto de los presos condenados.
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Todos los actores preparan su respuesta en un escenario preelectoral que no ayuda a "digerir" la sentencia, según reconocen algunos de ellos. "Esperamos cierta sobreactuación de los políticos", comentan a este medio fuentes cercanas al 'procés' a causa de las elecciones del 10N, pero una vez pasados los comicios generales y con un nuevo gobierno en Moncloa, los independentistas más moderados confían en que la situación se reconduzca hacia el diálogo.
De hecho, ERC sigue sosteniendo que las urnas son el mejor mecanismo para responder a la decisión judicial. Primero, en la convocatoria de noviembre y, después, en unas futuras elecciones catalanas que algunas fuentes empresariales y parlamentarias ubican en la próxima primavera. El candidato de Esquerra republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha condensado esta postura en su reacción a la sentencia, cuando ha declarado que el 10N "Catalunya dictará la suya".
ERC lleva tiempo buscando un escenario de distensión con el Estado que pueda allanar el camino hacia una reforma del Código Penal con el objetivo de impulsar una nueva ley de amnistía. En su defecto, el indulto que en el pasado apuntó el PSC como una posible solución encajaría en los planes de los independentistas moderados.
Pero esta reforma requiere la mayoría cualificada del Congreso y abre la puerta a introducir otros elementos reivindicados por, entre otros, el PP, por ejemplo la inclusión del referéndum ilegal como delito o la revisión de la rebelión. En cuanto al indulto, es importante puntualizar que la petición no tiene por qué proceder del condenado. Así, se podría solicitar desde entidades e instituciones en favor de los presos y el Gobierno podría optar por ejercer el derecho de gracia.
El pulso de los líderes soberanistas con el Gobierno por la vía judicial contempla también una revocación de la sentencia y la semilibertad gracias a un régimen penitenciario en manos de la administración catalana.
PERMISOS Y TERCER GRADO
Los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña tienen la potestad de conceder desde el próximo mes de enero los primeros beneficios penitenciarios a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados a nueve años cada uno. Oriol Junqueras, quien tiene la condena más alta -13 años-, podrá acceder a estos permisos a partir de enero de 2021.
De esta forma, según cálculos realizados por fuentes jurídicas y penitenciarias, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en noviembre de 2020; Carme Forcadell, en julio de 2020; Joaquim Forn y Josep Rull, en mayo de 2020; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en enero de 2020.
REVOCAR LA SENTENCIA
Más allá de la vía política, las defensas de los acusados se han puesto manos a la obra para revocar el veredicto judicial. Como que la resolución ha sido emitida por el Tribunal Supremo, la sentencia es firme y ya no caben recursos de carácter ordinario, pero los letrados plantearán un incidente de nulidad al mismo Supremo y, en caso de ser denegado, recurrirán al Tribunal Constitucional.
Una vez agotados los mecanismos internos del Estado -en las cuales los condenados no confían, según fuentes conocedoras-, los condenados tendrán luz verde para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, donde depositan sus esperanzas.
PROTESTAS
El trabajo de los abogados va en paralelo al escenario de activismo social y confrontación que ni tan siquiera Junts per Catalunya apoya ya a ciegas, ya que el mismo expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha pedido a los catalanes "independentistas y no independentistas" que acudan a votar en las elecciones que se celebran en menos de un mes para "responder al Estado". El desacople entre las movilizaciones ciudadanas y las instituciones es absoluta y ha quedado patente también en la declaración institucional del president de la Generalitat, Quim Torra, quien ha anunciado que intentará contactos con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI.
Por otra parte, la sociedad civil tampoco se halla unida. Las entidades que tradicionalmente han apoyado el soberanismo han llamado a una manifestación el día 26 de octubre. Pero el movimiento Tsunami Democràtic, bajo cuyo paraguas actúa la CUP, según ha podido constatar este medio, y otras entidades independentistas, va a la suya y ha llamado a acciones constantes, empezando por una toma del aeropuerto de El Prat este lunes. Las huelgas estudiantiles e, incluso, un paro de país que se celebraría, con toda probabilidad el viernes, 18 de octubre, son otras de las protestas que preparan.
Fuentes empresariales prevén que la intensidad de estas acciones se mantenga durante las dos próximas semanas pero que después vaya disminuyendo, "para cesar prácticamente del todo cuando inicie la campaña electoral el 1 de noviembre".
