• La administración desleal habría continuado con los pagos del banco al excomisario hasta 2017
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Francisco González

Algunos de los principales despachos de abogados están planeando su estrategia para la causa penal sobre las escuchas ilegales supuestamente encargadas por el presidente de BBVA hasta diciembre, Francisco González (FG), al excomisario José Manuel Villarejo. Según fuentes de algunos bufetes, la vía más fácil es acusarles de administración desleal, que sería el único delito no prescrito. Además, cualquier accionista del banco puede promoverlo. La gran duda es si la entidad va a ir contra su histórico líder.

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En lo primero que cualquiera piensa respecto a este caso es en los delitos contra la intimidad (artículo 197 del código penal), es decir, el descubrimiento de secretos (las escuchas ilegales) y la revelación de los mismos a un tercero, en este caso el BBVA. Estas figuras penales están castigadas con penas de uno a cuatro años en el primer caso, y de dos a cinco en el segundo, que se vería agravado porque algunas de estas revelaciones afectan a la vida sexual de las víctimas. Estos delitos se aplican tanto al que vende la información como al que la compra.

Pero aquí se plantea un problema de plazos, ya que los hechos se remontan a finales de 2004 y principios de 2005, cuando Sacyr intentó tomar el control del banco con el apoyo del Gobierno de Zapatero. Y estos delitos prescriben a los cinco años de haberse cometido.

Pero existe otra vía que no ha prescrito: la de la administración desleal, según señala el abogado Felipe Izquierdo, presente en casos como los del Popular o Abengoa. Este delito se recoge en el artículo 252 del Código Penal y puede costar de uno a seis años de prisión, además de una multa económica. Consiste en el uso del patrimonio del banco para "un fin no autorizado o contrario a los intereses del perjudicado", según Sebastián Crespo, del bufete Devesa & Calvo.

TORRES Y CANO TAMBIÉN SERÍAN RESPONSABLES

Este tipo penal no habría prescrito puesto que los pagos del BBVA a Villarejo se prolongaron hasta 2017, según publicó 'El Independiente' y reconoció la propia entidad. Además, cualquier accionista del banco puede acusar a su expresidente y a su consejo de administración de haber utilizado los recursos de todos los propietarios del banco para pagar actividades ilegales.

Por cierto, el consejo de administración, como máximo órgano de gobierno de la sociedad, sería responsable de este delito, no solo FG. Es decir, su sucesor en la presidencia, Carlos Torres, que era consejero delegado en esa fecha, también podría ser imputado, según los penalistas consultados. Al igual que el anterior CEO, Ángel Cano, puesto que existen pagos a Villarejo no prescritos de su etapa: fue sustituido por Torres en mayo de 2015. Lo mismo se aplica a todos los miembros del consejo de los últimos cinco años.

¿ACTUARÁ EL BBVA CONTRA GONZÁLEZ?

En principio, el exministro Miguel Sebastián y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero van a emprender acciones legales contra BBVA y FG. Pero también podrían hacerlo las 4.000 personas cuyos números fueron pinchados por Villarejo para el BBVA, según las informaciones de El Confidencial y Moncloa.com, para tratar de obtener una compensación como víctimas de las escuchas. Izquierdo considera complicado que toda esa gente se persone, sino que ve más factible que se sumen a las acusaciones de la Fiscalía.

La gran incógnita es si el propio banco actuará contra quien ha sido su factótum en los últimos 19 años y quien ha nombrado sucesor a Torres. Sería la mejor forma de cortar el escándalo y de evitar la responsabilidad del consejo, pero casi nadie cree factible esta posibilidad. En ese caso, el BBVA tendría que alegar que los pagos los hizo exclusivamente FG a espaldas del consejo. Lo que sí se da casi por seguro es que el próximo lunes este dimitirá como presidente de honor ante la presión del BCE, el Gobierno y la opinión pública, sin admitir ninguna culpa y justificándolo "para no perjudicar al banco".

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