La trasposición de Mifid II a la legislación española sigue su camino. Actualmente se encuentra en manos del Consejo de Estado, que lo remitirá de vuelta al Gobierno para que lo apruebe y lo traslade al Parlamento previsiblemente a principios de julio.
Así lo ha explicado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, este viernes. Durante el curso La economía frente al blockchain. Lo que está por venir, organizado por Apie y BBVA y que se ha celebrado esta semana en Santander, ha explicado que “probablemente” volverá el anteproyecto al Ejecutivo a principios de julio.
“Siendo un anteproyecto de aplicación estricta, lo normal es que el Parlamento lo apruebe”, ha vaticinado Albella. El presidente del supervisor de los mercados considera esta norma “fundamental” y cree que se aprobará definitivamente tras su paso por el Congreso este mismo año.
La trasposición de Mifid II al ordenamiento jurídico español fue una de las normas que el Gobierno anterior dejó pendiente tras su abrupta salida de la Moncloa. La Directiva europea entró en vigor el pasado mes de enero, pero en España solamente se ha aprobado una trasposición parcial a través de un Real Decreto-Ley relativo a los centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación), que endurece el régimen sancionador.
El anteproyecto de ley que completa la trasposición, que prohíbe el cobro de retrocesiones, entre otras iniciativas, fue aprobado a finales del pasado año, por lo que también se encuentra en trámite parlamentario.
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Este viernes se ha conocido que el supervisor ha remitido a la Audiencia Nacional que ha detectado "datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes" en el informe anual consolidado de las cuentas de 2016 de Popular.
Interrogado en numerosas ocasiones por ello, Albella ha rechazado hablar del tema. Simplemente se ha remitido a su intervención en el Congreso el pasado mes de enero, en la que avanzó que el supervisor estudiaba "en qué medida es razonable" imputar los resultados del primer semestre de 2017 de Popular íntegramente a este periodo o si, en realidad, correspondían a ejercicios anteriores. El banco registró durante el primer semestre de 2017 unas pérdidas de 12.218 millones de euros.
No obstante, ha defendido el papel de la Comisión durante la crisis de Popular. “No somos una autoridad bancaria, no somos los auditores del banco, tenemos un ámbito de actuación definido y en ese área la comisión ha hecho lo que tenía que hacer”, se ha limitado a señalar.
