“Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis a expensas de la mayoría”. Así de tajante se mostraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Nación, poco antes de anunciar un nuevo paquete de medidas, entre las que destacan sendos impuestos a la banca y las energéticas. Por un lado, el nuevo gravamen a la banca tiene el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros los próximos dos ejercicios (2022 y 2023); por otro, la nueva tasa a las energéticas aspira a recaudar 2.000 millones de euros de los beneficios extraordinarios de estas compañías durante los dos próximos ejercicios.
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En resumen, el Ejecutivo planea conseguir hasta 7.000 millones de euros en los próximos dos años gravando a aquellas empresas que facturen más de mil millones de euros en dichos ejercicios. Según la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ambas tasas se registrarán en sendas proposiciones de ley y se tramitarán “en paralelo” a los Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que ha señalado que al Ejecutivo le “parece de justicia” que se les pida un “esfuerzo añadido, temporal” debido a sus recientes beneficios.
Los dos impuestos son las medidas estrella del Gobierno, que también ha prometido “defender a la clase media trabajadora de nuestro país” contra la elevada inflación. Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, afirma que estos gravámenes no tienen otro objetivo que no sea “financiar las políticas de gasto que está prometiendo el Gobierno”, ya que “no tiene dinero ni capacidad de financiación debido a nuestros altos niveles de endeudamiento”. Sin embargo, ¿serán efectivas estas medidas para lograr lo que se propone el Ejecutivo de coalición?
ENERGÉTICAS
González tiene claras las consecuencias que estas medidas tendrán para las energéticas: primero, un desplome en bolsa; y segundo, dificultades de financiación. “Está aumentando la dificultad de financiación de nuestra economía porque está aumentando el riesgo de invertir en ella y en nuestras empresas”, indica, y señala a compañías como Iberdrola, Naturgy o Endesa.
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Asimismo, el profesor de Comillas ICADE considera que en este momento hay “muchas incertidumbres” en la política energética y critica que, ante la reciente consideración de las inversiones en gas y nuclear como 'verdes' por parte del Parlamento Europeo, el Ejecutivo quiera “achatarrar las centrales nucleares”, ya que “aumentará la incertidumbre”. “Al final, cuando se golpea tanto al sector energético, lo que se produce es falta de inversiones para atender las necesidades energéticas del país y eso se paga después muy caro a medio y largo plazo, como ya vimos a finales de los 90 y principios de los 2000 con los apagones que hubo en la economía española”, agrega. “Son cuestiones que hay que tener muy en cuenta en estos momentos”.
Y es que González cree que la mejor medida que el Gobierno podría tomar en materia energética sería “dar prioridad a las centrales nucleares y las centrales de ciclo combinado” frente a las renovables (“que ahora mismo son más caras”). O incluso a centrales térmicas de carbón, siempre que se invierta “en capturadores de dióxido de carbono y se cumplan los objetivos de lucha contra el cambio climático”.
Este experto también aboga por una bajada de impuestos energéticos frente a la subvención, como es el caso del tope a los precios del gas, ya que ha provocado que “se esté dando el caso irónico de que estamos subvencionando parte del gas del que se benefician Francia y Portugal”.
Asimismo, el profesor de Comillas ICADE resalta que “las eléctricas y los bancos son entidades globales que hoy tienen la sede aquí y mañana en cualquier lado”. “Empresas como Endesa, en manos de capital extranjero, pueden considerar esto como un elemento contrario a la libre circulación de capitales o una expropiación de sus beneficios”, alerta.
BANCA
Los nuevos gravámenes tampoco dejan en buen lugar a los bancos, advierte González, quien duda de “cómo se pueden definir los beneficios extraordinarios” de los mismos. También subraya que las subidas de tipos conllevan subidas en los costes de financiación de estas entidades, “ya que tendrán que retribuir más el capital que consigan para prestar, especialmente el que consigan en los mercados financieros”.
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Asimismo, señala que los márgenes de intermediación de los bancos, es decir, “el tipo de interés que cobran por los créditos en relación con el tipo de interés que pagan a los depositantes” es “prácticamente inexistente”: “De ahí ya vinieron los problemas con las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios porque ahí entraron en pérdidas y no tienen ningún tipo de margen ni beneficio extraordinario”. “A lo único que nos arriesgamos con esto es a un aumento de las comisiones o una carga de intereses mayores hacia la concesión de préstamos para particulares y empresas, dificultando todavía más la financiación de la economía española”, reflexiona.
“Todo lo que sea poner impuestos va a ser siempre negativo para la población, ya que los bancos reaccionarán con comisiones o tipos más altos y las eléctricas tendrán también sus problemas”, señala González, quien pone el foco en los accionistas de dichas compañías: “Si tú estas invertido en un fondo con participación en bancos, eléctricas… de repente, vas a perder”. “La incertidumbre que se introduce sobre la economía española afecta al conjunto de la bolsa y, en general, tus instrumentos de ahorro también van a perder”, sentencia.
INFLACIÓN Y OTRAS MEDIDAS
González cree que lo anunciado por Sánchez en el Congreso “manda un mensaje muy malo a los mercados internacionales” que puede provocar “un aumento de la desconfianza o de la prima de riesgo” en un momento “clave”, ya que las empresas “empiezan a tomar decisiones” como la relocalización de las plantas de producción de China “como consecuencia del escenario geopolítico internacional”. “Una de las propuestas del Gobierno fue el PERTE microchip, sin tener en cuenta que otros países también ofrecen también subvenciones, una mano de obra más cualificada y, sobre todo, más seguridad jurídica”, añade.
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Y es que este experto cree que este paquete de propuestas no son más que “medidas recaudatorias” para financiar otras propuestas como la beca complementaria de 100 euros mensuales o el desbloqueo de la Operación Campamento, un proyecto urbanístico de 12.000 viviendas en Madrid, el 60% de las cuales serán públicas. González advierte que las competencias son de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se pregunta (“aunque no soy experto”) de qué sirve construir viviendas “si luego las compran inversores extranjeros para luego alquilarlas como pisos turísticos”.
Sí ve con mejores ojos la bonificación del 100% al ferrocarril. “No está mal pensado, ya que es un coste, sobre todo el del Cercanías, muy elevado en áreas urbanas y si buscamos alternativas al coche puede resultar efectivo… De hecho, Alemania ya lo ha hecho”, explica. Con todo, el profesor de Comillas ICADE tiene sus reservas con esta medida ya que “se trata de bajar la inflación por decreto y a golpe de subvención”. “El precio del ferrocarril así es cero y disminuye la inflación, pero eso no es efectivo porque cuando se quiten las medidas volveremos a tener el mismo problema”.
Y es que González cree que se está cometiendo el mismo error que “en los últimos años del franquismo”, donde “para hacer una transición hacia la democracia, se trató de amortiguar las consecuencias de la crisis del petróleo con subidas salariales y otras medidas similares”. “El resultado fue la desaparición de muchas empresas y un alto nivel de paro entre 1976 y 1985-86, una situación de la que solo salimos gracias a que empezamos a recibir fondos comunitarios gracias a nuestro estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea”, explica. Sin embargo, añade González, en esta ocasión no tendremos ayudas similares y advierte de que hay que empezar a pensar en las “consecuencias de demorar decisiones necesarias de política económica solo por hacer medidas populistas”.
