El Gobierno en funciones ha dado luz verde a las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, según ha informado este viernes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Se trata de un real decreto ley que facilita el pago a las comunidades y también a los ayuntamientos, tras un bloqueo. El montante total asciende a los 4.682 millones de euros, y también ha autorizado el traspaso de fondos para las entidades locales, 821 millones de euros. En total, 5.503 millones.
Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que el real decreto "marca un hito" ya que desvincula las entregas de la situación política en la que se encuentre un Gobierno y ha insistido en que se trata de la primera vez en que se aprueba con un Ejecutivo en funciones.
Tras semanas de polémica entre el Gobierno, las autonomías y la oposición, "el Ejecutivo ha encontrado la vía legal para poder realizar estos pagos aún teniendo los Presupuestos prorrogados desde 2018 y estando en funciones", ha asegurado la ministra de Hacienda. Estos eran los argumentos por los que la asesoría jurídica del Gobierno le impidió en agosto traspasar estas entregas a cuenta.
"Este ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", ha explicado la ministra.
Según María Jesús Montero, ahora se puede autorizar este pago y su decisión "ya no interferirá en la que pueda tomar un gobierno en plenas capacidades, porque se van a repetir las elecciones y no le dará tiempo al nuevo Ejecutivo de aprobar estas entregas". Además, argumenta que hay algunas autonomías que están ya en dificultades para afrontar pagos y que es "urgente" una solución.
Por otro lado, María Jesús Montero también ha anunciado que la estimación de la liquidación del sistema de financiación de 2018 que se abonará en 2020 asciende a 10.955 millones de euros, pero no van a dar más datos hasta el próximo día 15 de octubre que es la fecha límite para la entrega de la previsión presupuestaria.
