El panorama que pinta el FMI para España no puede ser más desolador. A la recesión del 8% y el paro del 21% en 2020, hay que sumar un déficit público que se va a disparar hasta el 9,5% del PIB (el más alto de la UE). Pero lo peor no son esas cifras, sino lo que significan: que España no tiene margen presupuestario para adoptar unos estímulos en línea con nuestros socios europeos, lo cual agravará todavía más la recesión y dificultará y retrasará la recuperación.
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Dicho a la inversa: el resto de Europa podrá tomar (de hecho, las está tomando ya) medidas mucho más contundentes que las de España para reducir el impacto de la crisis e incentivar la recuperación, y, aun así, tendrán menos déficit público que nosotros (con diferencias entre los países, lógicamente).
Las medidas aprobadas por Pedro Sánchez son de las que menos gasto público suponen -junto a las de Italia y Francia- porque se limitan a aplazamientos y avales que no tienen impacto presupuestario inmediato (lo tendrán cuando haya impagos de impuestos y de los créditos avalados) y a subsidios con criterios muy restrictivos. Y no podrá ir mucho más allá.
YA NOS HABÍAMOS QUEDADO SIN MARGEN ANTES DE LA CRISIS
¿A qué se debe ese círculo no ya vicioso, sino infernal que aguarda a nuestro país? Pues al punto de partida, mucho más desequilibrado en nuestro caso. Hay que recordar que España cerró 2019 con un aumento del déficit hasta el 2,7% del PIB y con una deuda pública al filo del 100%. El problema viene de lejos: llevamos 10 años en que los Gobiernos de PP y PSOE han incumplido los objetivos de déficit pactados con Bruselas.
Hay muchos motivos para este pertinaz desequilibrio: nuestra elevada tasa de paro incluso en épocas de bonanza, la mayor cuantía de las pensiones frente a unos ingresos en descenso por los bajos salarios, el aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población, los créditos fiscales de muchas empresas procedentes de las pérdidas en la última crisis...
Pero, por encima de todo, está la negativa de todos los Gobiernos a reducir el gasto improductivo, el despilfarro, lo que los americanos llaman 'pork': multiplicidad de administraciones y de organismos superfluos o redundantes, exceso de trabajadores y de cargos públicos, empresas públicas ineficientes y mal gestionadas con fuertes pérdidas, subvenciones generalizadas, comités y observatorios de todo tipo, etc. Y eso, sin contar la corrupción.
Ante la resistencia a reducir este gasto por los Gobiernos central y autonómicos, la única forma de contener el déficit es aumentar ingresos. Es lo que hizo Cristóbal Montoro cuando el PP llegó al poder (subida que fue anulada solo parcialmente años después) y lo que pensaba hacer Pedro Sánchez si hubiera podido aprobar los presupuestos de 2020; recuerden: las tasas Tobin, Google y diésel, los impuestos a los plásticos, a los billetes de avión y a la comida rápida, la subida del IRPF a los tramos más altos, el tipo mínimo efectivo de Sociedades, etc.
No solo no consiguió aprobar esas figuras, sino que elevó aún más el gasto improductivo con 23 ministerios y cuatro vicepresidencias, con sus correspondientes funcionarios, asesores, cargos de confianza y demás. Todo esto dejaba a España en una situación de extrema vulnerabilidad ante un shock imprevisto como el del coronavirus, a diferencia de la mayoría de los países europeos.
Y AHORA, ADEMÁS, EL AUMENTO DEL PARO
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A esa peor situación de partida debemos sumar el brutal incremento del paro que prevé el FMI por culpa de nuestro frágil modelo productivo, que disparará el gasto en prestaciones contributivas y subsidios de desempleo, así como en todo tipo de ayudas públicas a los colectivos más vulnerables (los llamados "estabilizadores automáticos"). Por no hablar de la renta básica que quiere implantar Pablo Iglesias. Sin tenerla en cuenta, el aumento del paro llevará al 9,5% el déficit, según este organismo, sin que el Gobierno pueda tomar medidas de estímulo -gasto productivo- para reactivar la economía. Porque si las tomara, el desequilibrio de las cuentas públicas alcanzaría proporciones monstruosas.
Frente a las timoratas medidas del Ejecutivo español, el FMI aconseja en sus previsiones económicas "una política fiscal que amortigüe el impacto en las familias y empresas más expuestas y que reduzca el cierre de compañías para la postcrisis". Específicamente, considera que "unos amplios estímulos fiscales, donde las limitaciones lo permitan (como inversión pública en infraestructuras o rebajas de impuestos generalizadas) pueden evitar una mayor caída de la confianza, ayudar a elevar la demanda, reducir las quiebras y evitar una recesión aún más profunda".
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