- El exdirector de Formación para el Empleo reveló estas ayudas en su declaración
- La investigación afecta a 14 consorcios de empleo en toda Andalucía
La juez Mercedes Alaya ha abierto una nueva investigación en la Junta de Andalucía que afecta a los consorcios de empleo. La declaración de un ex alto cargo cesado por Susana Díaz ha destapado 950 millones de euros en partidas de formación sin justificar, de los cuales una gran parte correspondía a los consorcios.
Según informa Vozpópuli, Carlos Cañavate, exdirector general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, fue cesado en noviembre por motivos personales. En su declaración ante la Guardia Civil el pasado mes de julio, Cañavate reveló a que, al asumir su cargo en octubre de 2013, descubrió un descontrol en las partidas para formación.
Al asumir su cargo en octubre de 2013, Cañavate descubrió un descontrol en las partidas para formación
De acuerdo con esta declaración, entre 2007 y 2010, llegó a Andalucía una elevada cantidad de ayudas de Europa para subvencionar cursos a desempleados. Dado el volumen de estos ingresos, la Consejería de Economía comenzó a emitir resoluciones para eximir a los beneficiarios de justificar el destino del dinero. La práctica estaba pensada para casos excepcionales pero se convirtió en el procedimiento habitual a partir de 2008.
"Todos estos factores pudieron haber provocado que varios beneficiarios, a sabiendas de que las justificaciones de las subvenciones efectivamente no se estaban revisando, hubieran aprovechado esta falta de medios de control para utilizar las cantidades recibidas en gastos que nada tenían que ver con la finalidad para los que se otorgaron, pudiendo estar entre ellos varios consorcios de formación", señala un informe de la Guardia Civil publicado por Vozpópuli.
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OPERACIÓN BARRADO
La declaración de Cañavate se enmarca en la 'operación Barrado', recientemente desarrollada por la juez Alaya. En esta operación ya se ha detenido a trece altos cargos de la Junta de Andalucía y a tres responsables de consorcios de empleo.
La Guardia Civil comenzó a investigar a 14 centros de empleo de Andalucía a finales del año pasado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió a finales del año pasado una nueva línea de investigación que se centra en 14 consorcios que Andalucía fue creando a partir de 1991. Los agentes han centrado sus investigaciones en cuatro de estos organismos pero han planteado a la juez ampliarlas al resto en los próximos meses.
De momento, la Guardia Civil investiga al Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), en Mijas (Málaga); el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTJ), en San Fernando (Cádiz); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (FORMAN), de Málaga; y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (FORMADES), en Almonte (Huelva).
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