Por primera vez desde el inicio del proceso soberanista el independentismo ha perdido su mayoría en el Parlament de Cataluña. La cerrajón de Junts per Catalunya -la lista del PDeCAT- a sustituir sus cuatro diputados procesados por el Tribunal Supremo, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, ha condenado al Govern catalán a contemplar una convocatoria electoral como la más digna de las salidas. O a enfrentarse a una hipotética moción de censura.
La estrategia que los postconvergentes adoptarán en las próximas semanas se decidirá en una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido este 12 de octubre, donde se va a poner bajo cuestión la insistencia del partido en la vía unilateral cuando Esquerra Republicana ya se ha bajado del carro y apuesta por un camino más tranquilo, explican fuentes conocedoras de este encuentro. En definitiva, "se decidirán los próximos pasos a dar en el procés", señalan.
La brecha insuperable abierta con sus socios en la Generalitat, ERC, ya encaminó la actual legislatura a su fin. La semana pasada, el Debate de Política General de Cataluña fue el escenario donde se evidenciaron las fricciones que han estado erosionado la coalición entre ambos partidos durante los últimos meses y se hizo público “un profundo enfrentamiento entre los líderes del PDeCAT y de los republicanos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras”, según el decano del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, Jordi Pacheco i Canals.
"La debilidad del Govern puede precipitar la situación y despeja el camino para que la llamada a las urnas llegue en cualquier momento"
La pugna se libró por la suspensión, además de Puigdemont, de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez y, a pesar de la imagen de fortaleza que el president de la Generalitat, Joaquim Torra, y el vicepresident, Pere Aragonès, quisieron transmitir el viernes pasado, en el Parlament se habla de Gobierno zombi. Ambos expresaron que la legislatura aguantará hasta que haya una sentencia de la causa del juez Pablo Llarena contra los políticos del procés -que llegará a lo largo de 2019-, pero a la práctica, se hace imposible legislar con cuatro asientos menos.
La aritmética parlamentaria ha dejado en un empate de 65 escaños a los soberanistas y al resto de fuerzas, lo que fuerza a que los independentistas pesquen apoyos en los Comuns o, incluso, en el PSC. De hecho, fueron los socialistas quienes respaldaron, con sus votos, la petición de la Mesa del Parlament a Junts per Cataluña de que cambiara la delegación del voto de los cuatro parlamentarios este martes. Una demanda a la que los postconvergentes se opusieron, aún a sabiendas de que perderían la mayoría secesionista de 69 escaños.
MOCIÓN DE CENSURA
Esta situación de paridad también imposibilita que Ciudadanos pueda impulsar la moción de censura que ha demandado el presidente del PP, Pablo Casado. La formación naranja requiere de 68 escaños para sacar adelante esta iniciativa, desbancar a Torra y liderar una nueva mayoría parlamentaria, algo completamente imposible.
Así lo ha hecho saber el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, después de que Casado les haya emplazado a ejercer de líderes de la oposición en Cataluña, retando, de paso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el PSC apoye la maniobra para expulsar a Torra.
Villegas ha desechado esta opción porque “los números no dan” y ha insistido en que la única salida a la crisis institucional entre Gobierno y Generalitat es una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.
¿Y SI LA MERMA DEL BLOQUE SEPARATISTA ES BUSCADA?
Sin embargo, lo que muchos consideran una derrota del bloque soberanista y la señal de que el ‘procés’ está acabado es, para otros, pura estrategia parlamentaria. Ante el coste electoral de seguir esquivando la unilateralidad y la presión de los Comités de Defensa de la República, los partidos independentistas se han asegurado de que el Govern no tenga que volver a la desobediencia, ya que el Parlament no podrá legislar hipotéticas medidas para implementar la república.
Esta línea de pensamiento quedó refrendada el mismo martes, cuando el pleno de la cámara catalana rechazó reivindicar la autodeterminación de Cataluña, tras tumbarse una propuesta de resolución transaccionada por JxCat, ERC y la CUP, durante las votaciones en el Debate de Política General. La propuesta fue rechazada tras tres votaciones con el mismo resultado: empate a 65 escaños.
En cualquier caso, la fecha del 27 de octubre se mira como el momento de la verdad porque se abrirá el plazo en el que el president de la Generalitat puede convocar nuevas elecciones. Se cumplirá un año desde que el Gobierno español destituyó a Puigdemont y disolvió el Parlamento regional como respuesta a la fallida declaración de independencia proclamada horas antes.
"No va a haber una convocatoria inmediata de elecciones a pesar de que las tensiones entre los socios independentistas podría recrudecerse las próximas semnas", explican fuentes parlamentarias a Bolsamanía. No obstante, "la debilidad del Govern puede precipitar la situación y despeja el camino para que la llamada a las urnas llegue en cualquier momento", alertan las mismas fuentes.
