- Lo previsible es que la respuesta del gobierno central sea la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/la-cup-advierte-a-forcadell-que-no-investira-a-mas-y-aboga-por-formulas-de-consenso--917985.htmlEstamos en puertas del estallido del conflicto catalán, que se aproxima al punto de no retorno. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Forcadell, de la lista de ‘Junts Pel Si’, cercana a Esquerra Republicana de Catalunya y expresidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, ignoró el reglamento de la Cámara y reunió el martes la Junta de Portavoces pese a que el grupo popular no se había constituido todavía (tiene tempo hasta el día 6).
De nada valieron las protestas de todos los demás grupos, C’s, PP, PSC y “Catalunya si que es pot’, ni las amenazas de los tres primeros de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional: los soberanistas parecen decididos a sacar adelante a toda costa el lunes su propuesta de declaración de independencia, que, como ha escrito el catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona Enric Fossas Espadaler, “no es una declaración unilateral de independencia, es una declaración de insurgencia que sitúa al proceso fuera del mundo civilizado”. En efecto, esta delirante declaración de insurgencia, que evoca el concepto de desobediencia civil, nos relaciona con las actitudes de Desmond Tutu contra el appartheid surafricano o de Martin Luther King frente a las leyes racistas norteamericanas. Por supuesto, la inspiración en este caso proviene de las CUP, que ha impuesto la ruptura con el Estado y la insubordinación frente a él para considerar siquiera la posibilidad de aprobar la investidura de algún representante de ‘Junts Pel Sí’ distinto de Artur Mas, el epígono de Pujol (no parece posible, a estas alturas, que la CUP apoye a Mas).
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Lo esencial es no permitir que los hechos y elementos conducentes a la formación de un nuevo Estado tengan lugar ni se den más pasos
La declaración es un hecho muy grave; el exministro de Justicia Francisco Caamaño decía recientemente de ella en la propia prensa catalana que “la proposición […] no es un texto que abra un camino para una ‘desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español’. Es algo mucho peor. Se trata de un texto que desconecta con el Estado de derecho y con la democracia”.
EVITAR A TODA COSTA LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Por ello precisamente hay una corriente potente de opinión –aunque no parece mayoritaria en el seno del PP- que sostiene que hay que evitar a toda costa la aprobación de la resolución. El periodista José Antonio Zarzalejos está en esta posición y esgrime como argumento las palabras de Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, que ha escrito ('Cuenta atrás para el Estado catalán' en 'El Mundo' de Cataluña de 28 de octubre pasado) que “la formación de un Estado no se rige por el derecho interno sino por la fuerza de los hechos. Los partidos independentistas ya han puesto a prueba la inanidad del Gobierno de Rajoy. Lo habitual es que el territorio que se separa o pretende separarse no tenga la autorización del Estado del que se quiere separar. Por ello, lo esencial es no permitir que los hechos y elementos conducentes a la formación de un nuevo Estado tengan lugar ni se den más pasos. La creación de los estados está ligada al principio de efectividad y no al de legalidad o legitimidad. Lo que importa es el hecho y no el modo por el que haya nacido (secesión no permitida por el derecho interno, lucha armada…)”.
En cualquier caso, la aprobación de esa declaración –la famosa DUI, Declaración Unilateral de Independencia, que desde hace meses forma parte del universo mental de los soberanistas- constituye el punto de no retorno, la declaración de insumisión del nacionalismo catalán, que exige una respuesta ineludible del Estado. De un Estado regido por un gobierno que se ha fortalecido en los últimos días al invocar el consenso con toda la oposición en una especie de pacto de Estado no escrito encaminado a garantizar la unidad de España.
Lo previsible es que dicha respuesta del gobierno central sea la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que anunciará el propio Rajoy poco después de que se produzca la aprobación del texto. El TC, por su parte, ante una violación tan obvia de la legalidad, suspenderá la declaración inmediatamente por un plazo de seis meses.
Lo que suceda después dependerá de cuál sea la actitud de los insurrectos. Hay que tener en cuenta que una parte de CDC no comparte en absoluto esta marcha hacia la ilegalidad. La posición contraria a tal aventura de media docena de consejeros de Mas, con Mas Colell al frente, es prueba de ello. La insurgencia ha encontrado enemigos en muchos ambientes cercanos a CDC: empresariales, intelectuales, universitarios, etc. Cabe, pues, una reconsideración de la ruptura… En cualquier caso, el gobierno español no moverá pieza hasta que el soberanismo dé el siguiente paso.
En efecto, Rajoy y su gobierno han insistido en los últimos días en que actuarán con prudencia y con proporcionalidad. El ministro del Interior, Fernández Díaz, aseguraba este martes que nadie debe esperar a que la guardia civil desfile por La Diagonal, es decir, que no habrá gestos aparatosos ni medidas disuasorias. Se aplicará la ley a medida que vaya siendo necesario hacerlo.
En el armario quedan, en definitiva y por ahora, el artículo 155 de la Constitución, que permitiría suspender la autonomía; la recentísima Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que permitirá inhabilitar a quienes no respeten las sentencias del TC; y la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, encaminada a "garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales", y a afrontar las crisis que puedan presentarse, en periodos anteriores a la declaración de los estados de alarma y de excepción. Todas estas normas forman una panoplia de medidas que aseguran que el independentismo a las bravas tiene escaso porvernir.
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