"Pero, ¿los jueces se han vuelto locos en España? Así no va a quedar nadie que quiera invertir en vuestro país", se quejaba un gestor de patrimonios afincado en la City londinense... el jueves, cuando el Supremo tumbó su propia doctrina sobre el impuesto a las hipotecas y sentenció que deben pagarlo los bancos en vez de los clientes, como sostenía hasta ahora. Y todavía le faltaba por ver el sainete del viernes, cuando el Alto Tribunal puso en cuarentena su propio cambio de criterio y dejó el asunto en la más absoluta incertidumbre.
El disparate protagonizado por el, presuntamente, tribunal más serio del país puede tener muchas consecuencias. Ha congelado la firma de hipotecas -¿cómo se van a firmar si nadie sabe quién paga el impuesto?- e incluso los bancos han puesto en cuarentena sus ofertas por si tienen que empeorar las excelentes condiciones que ofrecían hasta ahora al tener que asumir ese coste. Porque, si se confirma la doctrina del fallo del jueves, esa será su consecuencia inevitable: los españoles dejaremos de disfrutar de las hipotecas más competitivas de Europa, como alertó ayer Bolsamanía.
El parón de la incipiente recuperación del mercado inmobiliario es un riesgo más que evidente. Y no olvidemos que sigue siendo el principal motor de la economía española junto al turismo, después de que hayamos desperdiciado lo que llevamos de recuperación para cambiar el modelo productivo. Pero hay una amenaza mucho más grave para el crecimiento y el empleo en nuestro país: la huida de los inversores internacionales por la inseguridad jurídica.
Porque esta inseguridad se ha disparado después del 'pasito p'alante, pasito p'atrás' del Supremo. El propio Consejo de Economistas tuvo que retractarse ayer después de recomendar a los afectados que reclamaran lo pagado en los últimos cuatro años. La seguridad es algo a lo que conceden mucha importancia los grandes inversores, los que mueven las grandes masas de dinero en el mundo.
LOS INVERSORES INTERNACIONALES, ATÓNITOS
Hace apenas 10 días les informábamos de que el ruido político español empezaba a ahuyentarles: el Gobierno tiene como apoyo a Podemos, sube todos los impuestos en plena desaceleración, cae en constantes contradicciones, sigue sin solucionarse el tema catalán, nadie sabe cuándo serán las elecciones ni está claro que va a salir de ellas.
Con ese panorama, el bochorno de las hipotecas puede dar la puntilla a la confianza de los inversores internacionales. De momento, se habían limitado a frenar nuevas inversiones porque, a pesar de nuestras miserias, prefieren estar en España a polvorines como Italia o Reino Unido. Pero esta nueva exhibición de república bananera 'marca España', como la que hicimos con las renovables, le ha dejado atónitos y pueden empezar a deshacer las posiciones actuales, con consecuencias gravísimas para nuestra economía.
ENMENDAR EN 2018 UNA NORMA DE 1995 Y SIN DECIR SI HAY RETROACTIVIDAD
Aquí, mientras tanto, nos enfangamos en el eterno populismo de que lo bueno para el ciudadano es malo para la banca y viceversa. O en sesudas discusiones jurídicas sobre que no es lo mismo la jurisdicción civil que la contencioso-administrativa. Algo incomprensible para el común de los mortales y, desde luego, para los grandes fondos internacionales, a los que les importa un bledo si son galgos o podencos.
Porque el papelón del Supremo es de órdago. Enmienda en 2018 un artículo de un reglamento... ¡de 1995! Será que no ha tenido tiempo en esos 23 años de rectificar una norma que afecta a 8 millones de personas. Y encima lo hace sin aclarar si tiene efectos retroactivos o no, lo que ha provocado un auténtico caos.
La única esperanza de salir de este ridículo sin dejarnos demasiados pelos en la gatera es que el tribunal se reúna de inmediato y aclare el asunto de una vez por todas y para siempre. Si tan consciente es del impacto social y económico que tienen sus decisiones como dijo ayer en su comunicado, no tiene un minuto que perder.
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