Todas las miradas están puestas en la reunión que se celebra en La Moncloa este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, quien ha asomado la puerta de la residencia presidencial a las 11:30 de la mañana. El encuentro llega en un momento de clara distensión en las relaciones entre el Estado y Cataluña, después de la ofensiva soberanista de meses atrás, y el clima general es de alivio porque por fin se tienden puentes entre ambas administraciones. Pero aunque se esfuerza en poner buena cara, el empresariado no esconde que tiene escasas esperanzas de que la cita llegue a buen puerto.
El Gobierno hace frente a la cumbre dispuesto a hablar de todo “sin cortapisas”, según ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo. Una invitación que Torra se ha tomado al pie de la letra y ya ha adelantado que pretende que el diálogo que ha ofrecido el Ejecutivo de Sánchez pivote sobre el derecho a la autodeterminación. Y nada más. No volverá a llevar ante el presidente las famosas 46 peticiones que sus predecesores -Artur Mas y Carles Puigdemont- entregaron a Mariano Rajoy porque las considera “incumplimientos de las obligaciones de la Administración central”. Si acaso, según ha anunciado, se tratarán en una segunda reunión que pretende fijar para septiembre.
Es precisamente este “talante” de Quim Torra y su empeño en forzar un acuerdo con el Gobierno que le permita desplegar el proceso independentista que se inició el 1 de octubre, con el referéndum ilegal, lo que, a juicio de Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña, “imposibilitará el entendimiento”. “Quiere seguir con el proceso al margen e la ley y la única forma en que se puede mandar un mensaje de tranquilidad a los empresarios es que se vuelva al marco Constitucional y se abandone el camino secesionista”.
Con todo, al igual que desde la Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT), reconoce que “siempre es bueno que se pueda volver a la mesa de negociaciones”. “Celebramos que se produzca este encuentro y que se establezca un diálogo necesario para las dos administraciones”, indica por su parte un portavoz de FemCAT.
MEJOR FINANCIACIÓN Y MEJORES INFRAESTRUCTURAS
Las peticiones de esta fundación se centran, principalmente, en que ambos gobiernos se esfuercen por impulsar las reformas pendientes en infraestructuras ya que “son clave para la economía y los intercambios internacionales”. Piden desarrollar el corredor mediterráeo, “con especial atención a los accesos al puerto de Barcelona y en la ampliación de capacidad del aeropuerto del Prat”.
La oferta del Ejecutivo se alinea con estas reivindicaciones. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, confía que desde el lunes se alcancen los acuerdos que permitan cumplir "compromisos" sobre infraestructuras, inversión y financiación de la comunidad autónoma, así como para reducir la conflictividad en el Tribunal Constitucional y que el Govern vuelva a los órganos de cooperación en los que no participa. En estos términos se explicó la ministra ante el Congreso, donde también anunció que reactivarán las comisiones bilaterales con Cataluña para desplegar estas iniciativas.
La mejora de la fiscalidad es otra de las reclamaciones históricas de la región. El Círculo de Economía y las patronales Foment del Treball, Cecot y hasta la CEOE han pedido una mejora de la financiación autonómica que sirva de punta de lanza para volver a la normalidad institucional. Bou, por su parte, discrepa en este punto y, aunque se inclina por revisar las aportaciones autonómicas al conjunto de España pide hacerlo “para todas las Comunidades Autónomas y en la medida que respete el principio de solidaridad para el resto del Estado”.
REVERTIR EL DECRETO QUE FACILITA EL TRASLADO DE EMPRESAS
Por último, sobre la cumbre planeará la cuestión del real decreto que aprobó el Gobierno del PP en octubre que permite trasladar las sedes sociales de empresas sin autorización de las juntas de accionistas. Esta normativa derivó en una fuga empresarial de más de 3.000 empresas y muchas voces del tejido productivo catalán reclaman su derogación.
La patronal Cecot se ha mostrado especialmente activa en este aspecto, ya que su presidente Antoni Abad considera inadecuado que se cambiasen los estatutos de las empresas mediante un real decreto. Desde Empresaris de Cataluña, en cambio, califican esta petición de “somera tontería, ya que el decreto no obliga a nadie”. “La norma en sí misma no deslocaliza, sino que sólo acelera los trámites”, señala Bou, quien de hecho cree que debe mantenerse porque así “las empresas volverán más rápido a Cataluña”.
Naturgy, una de las grandes siete cotizadas catalanas que trasladó su sede a Madrid ya ha amagado con volver a la región. Pero, antes, la seguridad jurídica debe ser completa y el Govern debe “volver a la legalidad” insiste el presidente de Empresaris de Cataluña.
